A pesar de no tener ningún cargo público, Juliana Guerrero tendría esquema de seguridad con 3 camionetas y hasta 9 escoltas

Bogota, 25 de abril del 2026 - Un nuevo escándalo sacude el panorama político tras revelarse que Juliana Guerrero, señalada por presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos, contaría con un robusto esquema de seguridad financiado con recursos públicos, pese a no ejercer actualmente ningún cargo en el Estado. La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de los mecanismos de protección en el país.

Según versiones conocidas, la joven tendría asignadas entre dos y tres camionetas blindadas y un equipo de entre seis y nueve hombres de seguridad, dependiendo de los niveles de riesgo en las zonas que visita, entre ellas el departamento del Cesar. La magnitud del esquema ha despertado críticas, especialmente por tratarse de una persona que no ostenta funciones oficiales.

“Parece que llega la primera dama de la nación, con una caravana que se destaca por donde pasa. ¿Por qué alguien sin cargo público tiene ese nivel de protección?”, cuestionó el periodista Jacobo Solano, evidenciando el malestar que ha generado el caso en distintos sectores.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. El congresista electo Daniel Briceño lanzó duros señalamientos contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su director, al considerar desproporcionado el esquema asignado. “3 carros blindados y hasta 9 escoltas pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan líderes sociales… es una vergüenza”, expresó.

La controversia se intensificó tras conocerse que la solicitud del esquema de seguridad habría sido gestionada por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien ahora cuestiona la rapidez con la que se aprobó. “Para unas cosas sí es ágil, para otras no”, afirmó, sugiriendo posibles irregularidades en el trámite.

Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió señalando que la solicitud fue realizada formalmente por la funcionaria el 6 de marzo de 2025, incluyendo argumentos y soportes que justificaban el supuesto riesgo. “Fue la misma funcionaria quien pidió la protección”, indicó, defendiendo el procedimiento.

Ese mismo día, según se conoció, Guerrero habría sido designada en dos cargos dentro del Ministerio del Interior, lo que ha generado aún más dudas sobre la rapidez y coincidencia de decisiones administrativas en torno a su caso.

El episodio ha reavivado el debate sobre la asignación de esquemas de seguridad en Colombia, especialmente en un contexto donde líderes sociales y ciudadanos en riesgo denuncian falta de protección. Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la transparencia en este tipo de decisiones.