A pocas horas de empezar las marchas anunciadas por la oposición, Gobierno de De la Espriella cambia las reglas de las protestas en Colombia

Bogota, 13 de octubre del 2026 - A pocas horas de las movilizaciones convocadas por sectores sindicales y de oposición, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, una norma que establece nuevas disposiciones para regular la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales en Colombia. La medida, firmada el martes 13 de octubre, ha generado atención por sus alcances frente al derecho a la protesta y la intervención policial.

El documento, denominado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, contempla el diálogo y la mediación como mecanismos para atender las movilizaciones, pero aclara que estos no necesariamente deben retrasar la actuación de las autoridades cuando se presenten hechos violentos.

En ese sentido, el decreto permite la intervención de la Fuerza Pública ante situaciones como agresiones contra personas, porte o uso de armas, actos vandálicos, retención de ciudadanos contra su voluntad y ataques a misiones médicas o periodistas. También incluye afectaciones a los servicios públicos y al abastecimiento de medicamentos entre las situaciones que pueden motivar la actuación de las autoridades.

¿Cuándo podrá intervenir la Policía?

La normativa plantea una ruta de actuación que incluye la participación de gestores de convivencia, el diálogo directo con los manifestantes y la mediación. Si persisten situaciones de violencia, las autoridades podrán avanzar hacia medidas de disuasión y, como último recurso, recurrir a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad.

El texto precisa que un bloqueo de vías no convierte automáticamente una manifestación en violenta, por lo que las autoridades deberán considerar las circunstancias específicas de cada situación. Asimismo, establece disposiciones sobre la conformación de los Puestos de Mando Unificado (PMU), con participación de distintos sectores, y la habilitación de corredores solidarios para facilitar el acceso a servicios esenciales.

Uno de los apartes centrales de la norma señala que la prioridad del diálogo no debe entenderse como una condición que impida actuar contra quienes cometan actos violentos. En los términos del decreto, la mediación es una preferencia en los medios de intervención, pero no un requisito que obligue a suspender las actuaciones dirigidas contra responsables de hechos violentos.

Alcaldías y gobernaciones deberán presentar balances

El decreto también asigna responsabilidades a las administraciones territoriales. Según el texto suministrado, alcaldías y gobernaciones tendrán un plazo de 72 horas para publicar un balance oficial de las afectaciones registradas y activar las respectivas rutas de atención humanitaria.

La expedición de la norma coincide con las movilizaciones anunciadas para el miércoles 14 de octubre, convocadas por organizaciones sindicales, sectores políticos y agrupaciones de oposición, entre ellas Fecode y sectores vinculados al Pacto Histórico. También se ha anunciado la participación del expresidente Gustavo Petro.

El alcance del Decreto 1525 será observado durante estas jornadas, en medio del debate sobre cómo garantizar simultáneamente el derecho constitucional a la protesta pacífica, la seguridad de los ciudadanos y la actuación de las autoridades frente a hechos de violencia.