Agente de tránsito es condenado a 6 años de cárcel y multa por $130 millones de pesos por corrupción al pedir dineros para no imponer comparendos

Villavicencio, 03 de mayo del 2026 - Un fallo judicial marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en las vías de Villavicencio, luego de que un agente de tránsito fuera condenado a más de seis años de prisión por exigir dinero a cambio de omitir sanciones durante operativos. La decisión, emitida en primera instancia, sacude a la institucionalidad y responde a múltiples denuncias ciudadanas.
El protagonista del caso es Jarmac Valencia Cuéllar, funcionario adscrito a la Secretaría de Movilidad, quien fue hallado responsable del delito de cohecho propio. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito determinó que el agente solicitaba pagos ilegales a conductores para “hacerse el de la vista gorda” y no imponer comparendos ni adelantar los procedimientos correspondientes.
“Se logró probar que el funcionario solicitaba y recibía dinero a cambio de omitir sus funciones”, señala la decisión judicial, que deja en firme una condena de 80 meses de prisión, además de una multa superior a 130 millones de pesos.
El fallo también establece que el exagente deberá cumplir la pena en un centro penitenciario, ya que el juez negó beneficios como la detención domiciliaria. Asimismo, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena, en una medida que busca sancionar de manera ejemplar este tipo de conductas.
El proceso se originó tras reiteradas quejas de ciudadanos que advertían irregularidades en los controles viales. Con el tiempo, estas denuncias permitieron a las autoridades recopilar pruebas suficientes para llevar el caso ante la justicia y desmontar lo que durante años fue un rumor persistente en las calles.
“Este tipo de decisiones envían un mensaje claro: el uso indebido del cargo tendrá consecuencias penales severas”, indicaron fuentes judiciales, destacando la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Aunque la defensa del condenado aún puede apelar la decisión en segunda instancia, el caso ya es visto como un precedente que refuerza los controles dentro de las entidades públicas y busca recuperar la confianza de la ciudadanía.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier irregularidad en los operativos de tránsito, mientras avanzan nuevas acciones de vigilancia en la Secretaría de Movilidad para prevenir que hechos similares se repitan.
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