Asobancaria alerta por presunto “cartel de la insolvencia” que estaría promoviendo fraudes para evadir deudas

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) lanzó una fuerte advertencia sobre el creciente uso indebido del mecanismo de insolvencia para personas naturales, una herramienta legal creada para ayudar a ciudadanos con problemas económicos, pero que, según el gremio, estaría siendo utilizada de manera fraudulenta para evadir obligaciones financieras.

De acuerdo con la entidad, en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, algunos abogados y supuestos asesores estarían promoviendo esta figura de manera engañosa, asegurando falsamente que permite “borrar deudas” o evitar pagos, induciendo a las personas a cometer posibles delitos.

“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros”, advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

El dirigente gremial explicó que estas prácticas generan serias consecuencias para quienes se dejan asesorar de manera irregular, como la pérdida de confianza, reportes en centrales de riesgo, dificultades para acceder a créditos e incluso procesos penales.

Aumento de solicitudes tras flexibilización de la norma

La figura de insolvencia para personas naturales fue creada hace 14 años en Colombia, con el propósito de permitir a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones reorganizar sus deudas y llegar a acuerdos con sus acreedores.

Sin embargo, tras la flexibilización de la norma en 2025, los casos se dispararon. Entre los cambios más relevantes está que ahora basta con estar en mora en el 30 % de las deudas, cuando antes era el 50 %, además de la inclusión de nuevas obligaciones como las libranzas.

Según cifras reveladas por Asobancaria, las solicitudes de insolvencia crecieron un 64 % entre 2023 y 2024, y un 46 % adicional en 2025.

El gremio insiste en que este aumento no necesariamente refleja una crisis financiera generalizada, sino que en muchos casos respondería al uso irregular del mecanismo impulsado mediante publicidad engañosa.

“No elimina las deudas”: expertos advierten sobre la desinformación

La presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Diana Talero, explicó que existe una fuerte campaña de desinformación alrededor de este proceso.

“Cualquiera que promueva estas prácticas será denunciado y perseguido”, afirmó la jurista, al tiempo que reiteró que el sistema está diseñado para ayudar a quienes realmente no tienen capacidad de pago y no para quienes buscan evadir responsabilidades.

Talero enfatizó que la insolvencia no condona ni elimina deudas, sino que suspende temporalmente pagos para facilitar acuerdos, mientras deja efectos negativos en el historial crediticio.

“La crisis se resuelve con el sistema de insolvencia, no con gastos innecesarios”, puntualizó.

Además, alertó que estas falsas promesas terminan afectando el sistema económico y perjudicando a los acreedores de buena fe, lo que incluso podría traducirse en tasas de interés más altas para todos los usuarios.

Abogados podrían enfrentar sanciones y cargos penales

Por su parte, el abogado Iván Cancino, quien lidera varias denuncias penales relacionadas con estos casos, aseguró que ya avanzan procesos disciplinarios y judiciales contra profesionales del derecho involucrados.

De hecho, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya emitió los primeros fallos contra algunos juristas.

Las sanciones podrían incluir desde la suspensión de la tarjeta profesional por dos años o más, hasta su cancelación definitiva.

A esto se sumarían posibles delitos como concierto para delinquir y fraude procesal.

Finalmente, Asobancaria hizo un llamado al Ministerio de Justicia y demás autoridades para reforzar la vigilancia sobre los centros de conciliación y fortalecer los mecanismos de control.

“Quienes participen en este tipo de prácticas se exponen a graves consecuencias, entre ellas sanciones disciplinarias, multas e incluso penas privativas de la libertad”, reiteró el gremio.