Campesinos advierten que decreto de la Línea Negra desconoce sus derechos y pone en incertidumbre la tenencia de la tierra

Valledupar, 10 de junio de 2026. La controversia alrededor del Decreto 0514 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional precisó el territorio ancestral de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, sigue generando reacciones entre las organizaciones campesinas de Cesar, La Guajira y Magdalena.

En esta ocasión, Luz Yaruro, integrante de las comunidades campesinas que rechazan la medida, explicó en diálogo con La Voz de la Mañana, que una de las principales preocupaciones radica en que el decreto no hace ninguna referencia al campesinado, pese a que esta población ha sido reconocida por el propio Estado como sujeto de especial protección constitucional.

Según Yaruro, aunque los campesinos no tienen derecho a la consulta previa como ocurre con los pueblos indígenas y afrodescendientes, sí cuentan con derechos que debieron ser tenidos en cuenta durante la construcción de la norma.

“Lo que vemos es que el decreto deja por fuera al campesinado. No aparecemos mencionados y eso genera preocupación porque somos parte de la realidad social y productiva de la Sierra Nevada”, manifestó.

La líder campesina señaló que gran parte de las tierras ocupadas y trabajadas por familias campesinas se encuentran dentro del área comprendida por la Línea Negra, situación que se complica debido a que muchos de estos predios carecen de títulos formalmente registrados.

A juicio de las organizaciones, esta situación podría aumentar la vulnerabilidad de cientos de familias que durante décadas han desarrollado actividades agrícolas en la región sin haber logrado la formalización jurídica de sus propiedades.

Yaruro también se refirió a los procesos de adquisición de predios que viene adelantando la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para atender solicitudes relacionadas con territorios indígenas y espacios considerados sagrados.

Explicó que existen casos en los que las comunidades campesinas no están dispuestas a vender sus tierras debido al fuerte arraigo que mantienen con el territorio y porque de esas parcelas depende su sustento económico.

“Hay familias que han vivido allí toda su vida, que producen alimentos y que tienen una relación histórica con esas tierras. No se trata solamente de una propiedad; también existe una identidad cultural y productiva asociada al territorio”, expresó.

Frente al anuncio de movilizaciones a partir del próximo 19 de junio, la dirigente reiteró que las organizaciones continúan apostándole al diálogo y esperan que el Gobierno Nacional atienda la solicitud de instalar una mesa técnica de alto nivel.

Entre las exigencias planteadas por el movimiento campesino está la participación directa del director de la Agencia Nacional de Tierras, así como de representantes de otras entidades nacionales con competencias en materia agraria y territorial.

“El objetivo de esa mesa es poder discutir todos estos temas y encontrar mecanismos que permitan reivindicar los derechos del campesinado serrano”, afirmó.

Sobre las versiones que señalan que miles de hectáreas podrían pasar a manos de comunidades indígenas como consecuencia del decreto, Yaruro prefirió no hacer estimaciones.

“No podría hablar de una cantidad específica de hectáreas en riesgo porque ese no ha sido el planteamiento que hemos hecho. Lo que sí hemos escuchado es que desde el Gobierno se ha mencionado la posibilidad de comprar tierras en la parte baja de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá para garantizar la protección de esos territorios”, explicó.

Las organizaciones campesinas mantienen su llamado al Gobierno Nacional para que abra espacios de concertación antes del 19 de junio. De no producirse una respuesta institucional, han advertido que iniciarán una asamblea permanente y jornadas de movilización para exigir que sus derechos territoriales sean reconocidos dentro de las decisiones que afectan el futuro de la Sierra Nevada de Santa Marta.

"La Sierra Nevada no es solo indígena; también es campesina, afrodescendiente e intercultural", insisten las organizaciones que hoy reclaman un lugar en la discusión sobre uno de los territorios más estratégicos y biodiversos del país.