Comisión de Acusación abre investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de campaña

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña presidencial.

La decisión quedó consignada en el Auto de Sustanciación No. 01, dentro del expediente 7282, firmado por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral.

Según el documento, la investigación se origina tras denuncias y publicaciones periodísticas relacionadas con presuntos aportes económicos provenientes de fuentes prohibidas para la campaña presidencial de Petro.

En el auto se hace referencia específicamente a declaraciones divulgadas por distintos medios de comunicación y a manifestaciones atribuidas a Victoria Eugenia Dávila, quien habría dado a conocer un audio presuntamente relacionado con alias “Pipe Tuluá”, señalado cabecilla de la estructura criminal “La Inmaculada”.

De acuerdo con el expediente, en dichas grabaciones se mencionaría la supuesta entrega de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

La Comisión también señala que, según los audios conocidos públicamente, alias “Pipe Tuluá” afirmaría tener supuestas pruebas como videos, audios y soportes de consignaciones relacionadas con dichos aportes económicos.

Además, el documento advierte que esos recursos no solo habrían tenido como destino la campaña presidencial, sino también otros asuntos relacionados con la DIAN, información que, según el expediente, sería entregada a autoridades de Estados Unidos.

Con base en esos elementos, la Comisión de Acusación decidió abrir investigación previa por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, conducta contemplada en el artículo 396 A del Código Penal colombiano.

La providencia también ordena vincular al Ministerio Público al proceso y decreta la práctica de pruebas dentro de la etapa inicial de investigación.

En el documento se establece además que las diligencias fueron abiertas de oficio tras una denuncia presentada por la Red de Veedurías de Colombia.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no se ha pronunciado oficialmente sobre la apertura de esta investigación preliminar.