Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra el senador Didier Lobo por presunto tráfico de influencias
Bogotá, D.C. Junio 30 de 2026 - – El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador Didier Lobo Chinchilla, del Partido Liberal, por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el nombramiento de la gerente de la ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
La acción judicial fue instaurada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, quien sostiene que el congresista habría influido en el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Fabio Hernández Castaño, para favorecer el nombramiento de Yesenia Paola Hernández Hernández como directora del centro asistencial, argumentando la existencia de un vínculo personal de compadrazgo entre ambos. La demanda invoca la causal de pérdida de investidura por "tráfico de influencias debidamente comprobado", contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
La decisión fue adoptada por la magistrada Zoranny Castillo Otálora, de la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, quien concluyó que la demanda reúne los requisitos legales para iniciar el trámite judicial. La corporación aclaró que esta admisión no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del senador ni sobre la existencia de la causal invocada, sino únicamente el cumplimiento de las exigencias procesales para dar curso al proceso.
Dentro del mismo expediente, el demandante había solicitado una medida cautelar de urgencia para preservar pruebas. Sin embargo, dicha petición fue negada por el despacho al considerar que no se acreditaban los presupuestos exigidos por la ley para su procedencia.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó la notificación personal del senador Didier Lobo Chinchilla, quien dispondrá de cinco días, contados a partir de la notificación, para responder a las acusaciones, presentar su defensa y solicitar las pruebas que considere pertinentes. Asimismo, la corporación oficiará al Consejo Nacional Electoral y a la Secretaría General del Congreso para que remitan la documentación que acredita su calidad de congresista durante el período constitucional 2022-2026.
El proceso judicial continuará ahora con la etapa de contestación de la demanda y la práctica de pruebas, tras lo cual el Consejo de Estado determinará si existen o no méritos para decretar la pérdida de investidura del senador cesarense.
