Contraloría pone la lupa sobre $64 billones girados en las últimas semanas del anterior Gobierno

Bogotá, 25 de agosto de 2026. La Contraloría General de la República encendió las alarmas por varios movimientos de recursos públicos registrados durante las últimas cinco semanas del Gobierno Nacional saliente.

El organismo de control encontró posibles inconsistencias en pagos, contratos y operaciones financieras que ahora serán sometidas a una revisión más profunda para establecer si los recursos fueron utilizados correctamente y si los bienes y servicios contratados realmente fueron entregados.

Entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026, la Contraloría identificó giros por más de $64,44 billones y nuevos compromisos contractuales por $48,14 billones.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la existencia de pagos realizados el mismo día en que se firmaron algunos contratos, incluso por el valor total del compromiso.

También aparecieron casos en los que una misma persona recibió pagos de diferentes entidades o varios desembolsos relacionados con un mismo contrato, utilizando soportes similares. La Contraloría pidió verificar si podría haber pagos duplicados y si los servicios o bienes contratados fueron efectivamente recibidos.

$48 billones en nuevos contratos

El volumen de contratación registrado en las últimas semanas del anterior Gobierno es uno de los aspectos que más preocupa al organismo de control.

De acuerdo con la revisión, durante ese periodo se celebraron nuevos compromisos por $48,14 billones, mientras que los giros superaron los $64 billones. La Contraloría aclaró que estos movimientos no constituyen por sí mismos una prueba de irregularidad, pero consideró que, por su magnitud, requieren una revisión especial.

Entre las entidades que quedaron bajo especial atención aparecen los ministerios de Vivienda y Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el ICBF, Invías y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

También se encontró que algunos pagos fueron realizados antes de que se cumpliera el primer mes de ejecución de los contratos. Para la Contraloría, será necesario establecer si esos desembolsos guardaban relación con las obligaciones pactadas y con la entrega efectiva de los bienes o servicios.

La UNGRD y Fiduprevisora, entre los casos revisados

Dentro de los movimientos que llamaron la atención aparecen $7 billones girados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cerca de $4,33 billones recibidos por Fiduprevisora como beneficiaria de pagos durante el periodo analizado.

La Contraloría también puso la lupa sobre 31 informes financieros de Fiduprevisora. En uno de ellos, relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el revisor fiscal dejó constancia de que no había suficientes evidencias para verificar algunas cuentas relacionadas con proveedores de servicios de salud.

Además, se advirtió sobre la ausencia de algunas actas del Consejo Directivo necesarias para comprobar decisiones o autorizaciones con posibles efectos sobre los estados financieros.

La Contraloría anuncia nuevas revisiones

Por ahora, el organismo de control no habla de responsabilidades definitivas. Lo que hará es profundizar las investigaciones, revisar documentos, comprobar que los bienes y servicios hayan sido entregados y descartar posibles duplicidades en los pagos.

La propia Contraloría señala que su objetivo es determinar si este volumen de recursos públicos tiene soporte, justificación y trazabilidad, y que las actuaciones correspondientes dependerán de lo que encuentren las revisiones sectoriales.

El caso queda así bajo la lupa del control fiscal, mientras avanzan las verificaciones sobre cómo se movieron miles de millones de pesos en las semanas finales del anterior Gobierno.