Corte Suprema abre investigación contra senador Alirio Barrera por presunto caso de acoso sexual

10 de abril de 2026. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Alirio Barrera, del partido Centro Democrático, por una denuncia de presunta agresión sexual en contra de una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare. El proceso fue asignado al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala Especial de Instrucción, luego de que la Fiscalía Seccional del Casanare remitiera el caso por el fuero constitucional del congresista.

De acuerdo con la denuncia, los hechos se habrían presentado en el año 2016, cuando un grupo de jóvenes buscaba apoyo económico para actividades de una iglesia en la capital de Casanare. La presunta víctima, quien trabajaba en el despacho del entonces gobernador, fue la encargada de gestionar una reunión. Según su relato, al exponer los motivos, el hoy senador “la besó a la fuerza”, pese a sus reiterados intentos por evitar el contacto.

La denunciante también señaló que, tras el episodio, el mandatario le habría entregado dinero en efectivo. “Sacó una maleta y me dio 400 mil pesos para la iglesia”, afirmó, indicando además que durante años no denunció por temor a posibles represalias debido al poder político del dirigente.

Otro de los elementos mencionados en su versión es que, al ingresar al despacho, le fue retirado su teléfono celular, lo que le impidió registrar lo ocurrido. “No pude grabar ni dejar evidencia de lo sucedido”, aseguró.

Tras hacerse pública la denuncia, el equipo del senador rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de fundamento. “Se trata de una estrategia para afectar el buen nombre y la honra del congresista”, indicaron, sugiriendo además motivaciones políticas detrás del caso.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que en los próximos días se fijará la fecha para que Alirio Barrera rinda su versión ante la Corte, diligencia a la que deberá asistir acompañado de su defensa.

El caso entra ahora en etapa de recolección de pruebas y testimonios, en medio de un proceso que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a denuncias de este tipo.