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Corte Suprema condena con 31 años de prisión a exgobernador de la Guajira ‘Kiko’ Gómez por homicidio de concejal

Por Redacción TuPerfil.net··Actualizado 22 de agosto, 2026·2 min de lectura·28
Corte Suprema condena con 31 años de prisión a exgobernador de la Guajira ‘Kiko’ Gómez por homicidio de concejal

Bogota, 04 de mayo del 2026 - La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, en una decisión que revierte parcialmente un fallo anterior y refuerza su responsabilidad en este caso.

El pronunciamiento fue emitido por la Sala de Casación Penal, que determinó que existieron fallas en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que previamente había absuelto al exmandatario por este crimen.

Como resultado, el alto tribunal impuso una pena de 380 meses de prisión, además de una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos y una inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas. También se ratificó la obligación de indemnizar a la familia de la víctima.

En su análisis, la Corte concluyó que el proceso judicial omitió elementos probatorios relevantes que permitían establecer un contexto de intimidación y violencia política en la región, lo que incidió directamente en el desenlace del caso.

Uno de los testimonios clave fue el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, cuya declaración aportó elementos sobre el ambiente de presión que se vivía en ese momento. “Se evidenciaba un entorno de intimidación que rodeaba a las autoridades locales”, se desprende de la valoración realizada por el tribunal.

La Corte también consideró que la víctima tenía una proyección política creciente, lo que habría sido un factor determinante en el crimen, al representar un posible obstáculo dentro de dinámicas de poder en la región.

Además de esta condena, el alto tribunal mantuvo la responsabilidad de Gómez Cerchar por el delito de concierto para delinquir agravado, consolidando así su situación judicial en distintos procesos relacionados con hechos de violencia.

Finalmente, la Corte cuestionó la inactividad procesal durante siete años, lo que derivó en la prescripción de otros homicidios vinculados al caso. “La demora afectó la posibilidad de juzgar otros hechos asociados”, advirtió, dejando en evidencia fallas en la administración de justicia en este expediente.

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