CTI allana oficinas de Millennium Sistems en Valledupar por investigación sobre presunto desvío de recursos del tránsito de Codazzi
Valledupar, 17 de julio de 2026. Un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se llevó a cabo en las oficinas de Millennium Sistems S.A.S., ubicadas en el barrio San Martín de Valledupar, como parte de una investigación que busca esclarecer el presunto manejo irregular de recursos públicos provenientes del sistema de tránsito del municipio de Agustín Codazzi.
La diligencia judicial hace parte de un proceso que adelanta la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Valledupar, dentro de una investigación por el presunto delito de peculado por apropiación. Durante el procedimiento, los investigadores inspeccionaron las instalaciones de la empresa y recopilaron documentación y otros elementos probatorios que podrían ser determinantes para establecer el destino de los recursos recaudados por concepto de comparendos y servicios de tránsito.
De acuerdo con la información conocida, las autoridades buscan establecer cómo fueron administrados, distribuidos y ejecutados los dineros públicos, además de verificar si se cumplieron las obligaciones contractuales y financieras derivadas de la operación del servicio de tránsito en Agustín Codazzi.
La investigación tomó fuerza luego de que la Secretaría de Tránsito de Agustín Codazzi decidiera declarar la nulidad del contrato suscrito con Millennium Sistems S.A.S., una determinación respaldada en informes de auditoría y observaciones de organismos de control que habrían advertido posibles irregularidades durante la ejecución del convenio.
Entre los aspectos que son objeto de revisión también figuran los requerimientos realizados por la Superintendencia de Transporte, así como cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, cuyo monto podría acercarse a los 6.000 millones de pesos.
Aunque hasta el momento no se han producido pronunciamientos oficiales por parte de los representantes de la empresa intervenida, el proceso judicial continúa avanzando con la recolección y análisis de las pruebas obtenidas durante el allanamiento.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer eventuales responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias, en un caso que ha generado expectativa por el impacto que tendría sobre la administración de los recursos públicos destinados al tránsito en el municipio de Agustín Codazzi.
