Defensoría lanza advertencia por Zonas de Ubicación Temporal y suspensión de capturas en procesos de Paz Total

La polémica alrededor de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) volvió a intensificarse luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los riesgos jurídicos, sociales y de seguridad que podrían surgir con la suspensión de órdenes de captura a integrantes de grupos armados ilegales que actualmente mantienen diálogos con el Gobierno Nacional en el marco de la política de Paz Total.

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad reconoció que el presidente Gustavo Petro tiene la facultad constitucional para solicitar la suspensión de capturas, incluso con fines de extradición, pero advirtió que estas decisiones no pueden adoptarse de manera arbitraria y deben estar sustentadas en condiciones claras establecidas por la ley y la Constitución.

“Las decisiones relacionadas con las Zonas de Ubicación Temporal requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación”, señaló la Defensoría al explicar que este tipo de medidas solo pueden implementarse cuando un proceso de paz se encuentra en una etapa avanzada.

La entidad recordó que las ZUT han sido utilizadas por distintos gobiernos desde finales de los años noventa como herramienta para facilitar negociaciones y procesos de desarme con grupos armados ilegales. Sin embargo, enfatizó que su aplicación debe demostrar avances reales hacia la dejación de armas, la desmovilización y el tránsito a la legalidad.

Dentro del análisis presentado, la Defensoría expuso varios escenarios de preocupación frente a los procesos que actualmente adelanta el Gobierno con estructuras como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, las disidencias de alias “Calarcá”, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur.

Uno de los principales puntos de alerta está relacionado con los derechos de las víctimas. Según la entidad, todavía no existen acuerdos sólidos que garanticen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, situación que podría generar escenarios de impunidad y posibles incumplimientos por parte de los grupos armados.

“Por ahora solo se advierte la suspensión de la justicia, no su activación”, advirtió el organismo, al cuestionar la falta de claridad frente al tratamiento judicial y los compromisos reales de las estructuras ilegales involucradas en las negociaciones.

La Defensoría también alertó sobre los riesgos de seguridad para las comunidades ubicadas en territorios donde se proyectan las ZUT, especialmente en regiones con presencia activa de grupos armados o confrontaciones recientes como Tibú, en Norte de Santander; Mallama, en Nariño; y Tierralta, en Córdoba.

Otro de los aspectos que genera preocupación tiene que ver con la posible afectación a los pueblos indígenas y comunidades étnicas asentadas en estas zonas. La entidad señaló que la consulta previa y el respeto por los derechos territoriales no pueden convertirse en simples requisitos formales, sino en garantías reales de protección para estas poblaciones.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que antes de avanzar en los traslados y concentraciones de integrantes de grupos armados en las Zonas de Ubicación Temporal se adopten mecanismos efectivos de monitoreo, control y protección de las comunidades afectadas.