Ejército alerta sobre “carnetización” en zonas del país mientras Petro denuncia montaje

Bogota, 18 de mayo del 2026 - La controversia alrededor de las elecciones presidenciales de 2026 sigue creciendo en Colombia luego de nuevas denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados en regiones como Guaviare, Meta y Caquetá, donde, según versiones conocidas por las autoridades, estructuras ilegales estarían “carnetizando” comunidades rurales y presionando políticamente a la población.

El tema tomó fuerza tras la difusión de un audio en el que un hombre asegura apoyar la candidatura de Iván Cepeda, situación que desató un fuerte debate político y abrió investigaciones por parte de las autoridades nacionales.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro pidió esclarecer el origen del material y calificó el episodio como un posible “crimen contra las elecciones”.

“La justicia debe investigar porque se construyó este crimen contra las elecciones”, escribió el mandatario en su cuenta de X, insistiendo en que la grabación haría parte de una estrategia de desinformación para afectar al Pacto Histórico.

La grabación, que se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, incluía frases como: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, lo que generó alarma sobre una supuesta injerencia de grupos ilegales en el proceso electoral.

Sin embargo, posteriormente la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa informaron que el hombre detrás del audio no pertenecería a las disidencias de las Farc, sino que sería un extorsionista conocido como alias Sergio o David, recluido actualmente en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

“Dicho audio es de un extorsionador que se encuentra recluido en el Complejo Carcelario de Ibagué y no tendría relación con grupos criminales de las disidencias”, explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Las investigaciones revelaron además que el sujeto habría utilizado un teléfono celular hallado durante un allanamiento en el patio 10 de la cárcel, donde las autoridades encontraron también libretas con nombres de presuntas víctimas de extorsión y otros audios intimidatorios dirigidos a comerciantes y empresarios.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, aseguró que alias Sergio utilizaba mensajes falsos atribuyéndose representación de grupos armados ilegales para generar miedo y ejercer presión en algunas regiones del país.

“Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados señalando ser cabecilla del frente”, afirmó el oficial.

Paralelamente, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), publicó un comunicado en el que aseguró haber prohibido a todos sus integrantes intervenir en política o presionar a ciudadanos para favorecer candidatos presidenciales.

“Está expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato”, señala el documento firmado por el denominado Estado Mayor Conjunto del grupo armado.

La organización incluso invitó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de presiones electorales a denunciar los hechos ante el mecanismo de monitoreo acordado en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional y acompañado por la MAPP-OEA.

Toda esta situación ocurre en un contexto de creciente tensión electoral y fuertes advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que alertó sobre posibles riesgos de presión armada y restricciones a la libertad del voto en varias regiones del país.

“Tiene que haber un control estricto para evitar cualquier presión a los ciudadanos”, advirtió Alejandra Barrios, directora de la MOE, refiriéndose especialmente a las Zonas de Ubicación Temporal autorizadas recientemente por el Gobierno.

Mientras tanto, sectores políticos de oposición continúan cuestionando las decisiones del Ejecutivo frente a los grupos armados y exigiendo mayores garantías para el proceso democrático, en medio de una campaña presidencial cada vez más polarizada y marcada por denuncias, audios filtrados y señalamientos cruzados.