El infierno que vivió una menor en Ibagué: Fiscalía judicializa a pareja por presuntos abusos, torturas y abortos forzados durante casi 10 años

Ibagué, 12 de mayo del 2026 - Lo que parecía ser una vivienda común en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué, escondía una de las historias de horror más perturbadoras registradas en el Tolima en los últimos años. Una menor de edad fue rescatada de un infierno que comenzó cuando apenas tenía ocho años y se extendió hasta el 2025. Durante casi una década, la víctima fue sometida a un ciclo de violencia sistemática que incluyó agresiones físicas, vejámenes sexuales y castigos inhumanos que hoy tienen a sus presuntos verdugos tras las rejas.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la madre de la menor y a su compañero sentimental, señalados como los responsables de este drama. Según el ente acusador, la mujer no solo tenía conocimiento de las agresiones, sino que “habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual”. Esta presunta permisividad materna fue clave para que los abusos se prolongaran durante nueve años de impunidad.

Los detalles revelados por la investigación son espeluznantes. El padrastro de la niña, además de agredirla sexualmente, utilizaba la tecnología para profundizar el daño psicológico. Las autoridades indicaron que el hombre “agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla”. Con este método de control, buscaba asegurar el silencio de la víctima y perpetuar su dominio sobre ella.

El aislamiento fue otra de las tácticas de tortura empleadas en la vivienda. Se recolectaron evidencias de que el procesado, presuntamente, “la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos”. Estos actos de tratos crueles e inhumanos buscaban anular por completo la voluntad de la menor y evitar cualquier contacto con el mundo exterior que pudiera alertar sobre lo que ocurría tras las paredes del inmueble.

La salud física de la adolescente también estuvo al borde del colapso en reiteradas ocasiones. Producto de los recurrentes abusos, la víctima quedó embarazada en dos oportunidades. Sin embargo, lejos de recibir protección, “fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional”. Estos procedimientos clandestinos e impuestos se sumaron a la cadena de delitos que hoy se les imputan a los capturados.

La caída de la pareja se produjo en una diligencia de registro y allanamiento coordinada con la Policía Nacional en la capital tolimense. Durante el operativo, los investigadores lograron la incautación de dos celulares, los cuales contienen material probatorio fundamental para el caso. Tras el procedimiento, la pareja fue trasladada para su respectiva judicialización bajo un estricto esquema de seguridad.

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) fue la encargada de presentar los cargos. La lista de delitos es extensa y refleja la gravedad de los hechos: acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía infantil, tortura agravada, violencia intrafamiliar, aborto sin consentimiento e incluso inducción al suicidio.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el organismo judicial, los procesados decidieron guardar silencio procesal. La Fiscalía informó que “los procesados no aceptaron los cargos” ante el juez. No obstante, dada la peligrosidad que representan para la sociedad y para la propia víctima, ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberán esperar el inicio del juicio que podría derivar en una condena ejemplar.