ELN impone “juicio revolucionario” a agentes del CTI y policías: seguirían secuestrados hasta 60 meses

Bogotá, 05 de mayo del 2026 - El ELN volvió a generar controversia tras anunciar la imposición de un denominado “juicio revolucionario” contra funcionarios del Estado que mantiene secuestrados en Arauca, una decisión que prolongaría su cautiverio por varios años más y que ha encendido las alarmas sobre la situación de orden público en el país.

Según el comunicado del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación fueron sometidos a lo que el grupo denomina una “sentencia condenatoria”, descartando la llamada “pena capital”, pero imponiendo una figura que califican como “prisión revolucionaria”.

Los funcionarios afectados fueron identificados como Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025. De acuerdo con el grupo armado, deberán continuar en cautiverio durante 60 y 55 meses, respectivamente, tiempo en el que se contabilizaría el periodo que ya han permanecido privados de la libertad.

“No se impone pena capital, pero sí una condena bajo nuestra jurisdicción”, señala el comunicado del grupo ilegal, en el que justifican la decisión bajo acusaciones de presunto espionaje y vínculos con estructuras estatales.

El ELN también informó que aplicó la misma figura a dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, secuestrados el 20 de julio de 2025. En este caso, Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez permanecerían retenidos por 36 y 32 meses, respectivamente.

En su pronunciamiento, la guerrilla argumenta que los secuestrados habrían participado en “acciones contra la población civil” y en supuestos montajes judiciales, señalamientos que no han sido verificados por autoridades oficiales.

Además, el grupo armado planteó la posibilidad de un “canje humanitario”, sugiriendo que los funcionarios retenidos podrían ser intercambiados por integrantes del ELN detenidos, en lo que denominaron prisioneros de guerra.

Este anuncio se produce en un contexto de tensión en los diálogos con el Gobierno Nacional y reabre el debate sobre el uso del secuestro como mecanismo de presión, una práctica reiteradamente rechazada por organismos nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la situación de los secuestrados sigue siendo incierta, en medio de llamados urgentes para garantizar su liberación y respeto por sus derechos fundamentales.