¡Escándalo en la Casa de Nariño! Director del DAPRE anuncia denuncia por presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el gobierno Petro

Carlos Andrés Ríos aseguró que acudirá a la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con contratos de prestación de servicios durante la anterior administración. Hasta el momento, no ha divulgado públicamente los nombres de las mujeres ni los detalles de las pruebas.

Una nueva controversia política sacude a la Casa de Nariño. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, anunció que presentará ante la Fiscalía una denuncia por la presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El funcionario hizo el señalamiento durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, donde afirmó que las mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), contratos que, según su versión, se habrían utilizado para facilitar su cercanía con el entonces mandatario.

Ríos aseguró que algunas de estas mujeres estarían conversando con integrantes del actual Gobierno sobre lo ocurrido y sostuvo que dará a conocer los elementos que, según indicó, respaldarían sus afirmaciones.

Durante su intervención, el director del DAPRE también cuestionó el uso que presuntamente se le habría dado a las instalaciones de la Casa de Nariño, al señalar que habrían sido utilizadas para actividades ajenas a las funciones propias de la Presidencia.

Las declaraciones provocaron una nueva confrontación política entre integrantes del actual Gobierno y sectores vinculados a la anterior administración. Ríos, además, pidió a los congresistas de oposición que respalden la exposición pública de estos señalamientos.

Una denuncia que deberá pasar por la justicia

Aunque el funcionario anunció acciones judiciales, sus declaraciones públicas no incluyen todavía los nombres de las 48 mujeres ni detalles verificables de las pruebas que permitirían establecer las circunstancias de los hechos denunciados.

Por ello, las afirmaciones deben entenderse como señalamientos pendientes de esclarecimiento y no como responsabilidades judicialmente demostradas contra el expresidente Petro o las personas eventualmente involucradas.

La eventual denuncia ante la Fiscalía será determinante para establecer si existen elementos que permitan abrir una investigación formal y esclarecer si hubo irregularidades en la contratación pública o alguna conducta ilícita.

El caso abre interrogantes sobre el manejo de los contratos estatales y el funcionamiento de la Presidencia durante el gobierno anterior. La investigación judicial, de concretarse, tendrá la responsabilidad de determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades individuales.