Escándalo en la UNGRD: seis congresistas irán a juicio por presunto desvío de $92 mil millones en contratos públicos

Bogota, 27 de mayo del 2026 - La Corte Suprema de Justicia dejó listo para juicio el proceso contra seis congresistas señalados de participar en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia: el presunto desvío de $92 mil millones de pesos mediante contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso involucra obras que debían ejecutarse en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, y que, según la investigación, habrían sido utilizadas como moneda de cambio para aprobar créditos solicitados por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el expediente, los congresistas investigados habrían aprovechado su participación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para dar vía libre a operaciones financieras del Ministerio de Hacienda a cambio de quedarse con porcentajes de millonarios contratos adjudicados por la UNGRD. La Fiscalía y la Corte sostienen que detrás del entramado existió una estructura organizada para direccionar recursos públicos. Todos los implicados enfrentarán juicio por el delito de cohecho impropio.

La principal testigo del proceso es María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien entregó detalles sobre cómo supuestamente se repartieron los contratos. Según su declaración, inicialmente existía una distribución de porcentajes “20-20-20-10-10-10” entre los congresistas involucrados, aunque posteriormente Bonilla habría simplificado el acuerdo. “Vale, anotado”, habría respondido el exministro tras conocer la distribución de las obras, según quedó consignado en el expediente judicial.

Uno de los nombres más mencionados es el del senador electo Wadith Manzur, señalado como el presunto vocero del grupo frente al Ministerio de Hacienda y relacionado con el contrato de $50 mil millones para obras de contención de inundaciones en Cotorra, Córdoba. Junto a él aparecen vinculados la senadora Liliana Bitar y el representante Julián Peinado. Manzur actualmente permanece detenido en la Escuela de Carabineros de Bogotá mientras avanza el proceso judicial.

También figura la representante Karen Manrique, señalada de coordinar gestiones relacionadas con el contrato de $30 mil millones destinado a Saravena, Arauca. Según la investigación, una libreta entregada por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, contendría anotaciones sobre la supuesta repartición de proyectos y congresistas beneficiados. Manrique permanece detenida en un batallón militar en Malambo, Atlántico, luego de que la Corte negara su solicitud de casa por cárcel.

En el expediente también aparecen el senador liberal Juan Pablo Gallo, relacionado con un contrato de $12.300 millones en El Carmen de Bolívar; el exrepresentante Juan Diego Muñoz, y nuevamente la senadora Liliana Bitar, quien además fue mencionada en declaraciones sobre un supuesto intento de borrar conversaciones de WhatsApp vinculadas al caso. Aunque todos han negado cualquier irregularidad, la Corte consideró que existen suficientes elementos para enviarlos a juicio.

El escándalo también salpica a altos exfuncionarios del Gobierno Nacional. La Fiscalía considera que los congresistas eran apenas el brazo legislativo de una estructura mucho más amplia. En el proceso aparecen mencionados el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente detenido; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien permanece fuera del país. Además, los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle continúan privados de la libertad por hechos relacionados con el mismo entramado.

La Fiscalía calificó toda la operación como una posible “empresa criminal” que habría comprometido recursos públicos por más de $612 mil millones sumando otros procesos relacionados con contratos de Invías y diferentes entidades estatales. Ahora será la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema la encargada de adelantar el juicio y determinar la responsabilidad de los implicados en este millonario escándalo de corrupción que sacude nuevamente al Congreso de la República.