Fiscalía imputa cargos a la alcaldesa de Ibagué por presuntas irregularidades en contrato para alimentación de animales

Ibague, 02 de junio del 2026 - La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en un contrato destinado al suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad. Junto a la mandataria también fueron vinculados tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal, además de un contratista particular.

La decisión fue anunciada este 1 de junio de 2026, luego de varios meses de indagaciones sobre un proceso contractual adelantado en junio de 2024. Según el ente investigador, durante el análisis del expediente se habrían encontrado inconsistencias que comprometerían el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública.

De acuerdo con la Fiscalía, junto a la alcaldesa fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

Según la hipótesis de los investigadores, el contrato habría sido adjudicado a una empresa que “no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos”, pese a que esa era la finalidad principal del proceso.

La entidad también señaló que el procedimiento presuntamente no garantizó la pluralidad de oferentes, requisito fundamental dentro de la contratación estatal. Además, aseguró que algunos estudios de mercado habrían sido elaborados con valores que no corresponderían a los precios reales del sector.

La Fiscalía sostiene que la alcaldesa habría delegado la ordenación del gasto en el entonces secretario de Gobierno y posteriormente habría dado instrucciones para favorecer a una empresa que ya prestaba otros servicios para la administración municipal. Asimismo, indicó que las solicitudes de cotización se habrían limitado a dos empresas cuyos representantes tendrían vínculos familiares.

En relación con el contratista, el ente acusador manifestó que este habría permitido el direccionamiento del proceso contractual en su favor. Según los hallazgos preliminares, las presuntas irregularidades habrían generado sobrecostos cercanos a los 34,9 millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, de acuerdo con la presunta participación de cada uno de los procesados.

Durante la audiencia, ninguno de los implicados aceptó los cargos formulados por el ente investigador. En ese sentido, el proceso judicial continuará en las siguientes etapas procesales, donde las autoridades deberán establecer si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.

La Fiscalía recordó que todos los involucrados mantienen su derecho a la presunción de inocencia, por lo que será la justicia la encargada de determinar el desenlace definitivo del caso.