Fiscalía niega pretensión de Gustavo Petro de suspender orden de captura a 29 cabecillas del Clan del Golfo

Bogota, 12 de mayo del 2026 - En medio de las conversaciones que adelanta el Gobierno nacional con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), la Fiscalía General de la Nación tomó una decisión que vuelve a sacudir el debate sobre la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. El ente acusador confirmó que, por ahora, no suspenderá las órdenes de captura contra 29 cabecillas de esa organización armada, entre ellos alias “Chiquito Malo”, considerado uno de los máximos jefes del grupo criminal.
La determinación quedó establecida en una resolución oficial firmada por la Fiscalía, donde se deja claro que cualquier eventual beneficio jurídico dependerá del cumplimiento de varias condiciones verificables por parte de la estructura armada. Entre esas exigencias aparecen el cese de actividades criminales, el respeto al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el abandono de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales.
El anuncio se conoce semanas después de que el Gobierno nacional solicitara suspender las órdenes de captura contra varios integrantes del Clan del Golfo, argumentando que desde hace aproximadamente ocho meses se adelanta una “conversación sociojurídica” con esa organización en el marco de la estrategia de negociación impulsada por Petro.
Uno de los nombres que más llamó la atención dentro del listado es el de Jobanis de Jesús Ávila, conocido con el alias de “Chiquito Malo”, quien además de ser señalado como máximo cabecilla del Clan del Golfo, tiene vigente una solicitud de extradición hacia Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. La Fiscalía recordó que dicha extradición ya fue avalada por una corte colombiana y solo estaría pendiente la decisión final del Ejecutivo.
“La suspensión de las órdenes de captura no procederá hasta contar con información suficiente y verificable sobre el estado avanzado del proceso”, explicó la Fiscalía en su pronunciamiento oficial, dejando claro que el proceso deberá cumplir requisitos jurídicos y mecanismos de verificación antes de considerar cualquier beneficio.
La entidad también hizo referencia a las llamadas Zonas de Ubicación Temporal, señalando que cualquier avance dentro del proceso deberá desarrollarse bajo parámetros estrictamente legales y supervisados por las autoridades competentes.
La decisión generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. La candidata presidencial Paloma Valencia, una de las voces más críticas frente a la política de Paz Total, celebró el anuncio y cuestionó la solicitud hecha previamente por el Gobierno nacional. “Por fortuna, la Fiscalía no cedió ante la escandalosa solicitud de Petro de suspender las órdenes de captura”, manifestó la dirigente del uribismo.
Mientras tanto, continúan las dudas sobre el futuro de las negociaciones con el Clan del Golfo, especialmente porque el propio abogado de la organización aseguró recientemente que ve “imposible” alcanzar un acuerdo definitivo antes de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Entretanto, la Fiscalía insiste en que cualquier beneficio judicial dependerá de hechos concretos y verificables, y no únicamente de anuncios políticos o acercamientos preliminares.
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