Fiscalía pide a Petro retirar estatus de paz a alias Calarcá por presuntos crímenes de guerra

La Fiscalía General de la Nación solicitó al presidente Gustavo Petro que revocar la condición de representante de paz de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, tras anunciar imputación de cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad en su contra.

La petición se sustenta en un informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en el que se advierte que el jefe guerrillero habría continuado liderando actividades ilegales incluso después de la suspensión de sus órdenes de captura, beneficio que le fue otorgado en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional.

Según el documento, alias Calarcá “ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles”, lo que evidenciaría un incumplimiento de los compromisos adquiridos como negociador.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó además el procedimiento legal en estos casos, señalando que, aunque la Fiscalía puede suspender órdenes de captura, su reactivación depende directamente del jefe de Estado. En ese sentido, precisó: “la facultad no se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación (…) se ubica en cabeza del presidente de la República”.

El informe también detalla que el cabecilla estaría detrás de múltiples acciones delictivas en regiones como Meta, Caquetá y Guaviare, incluyendo extorsiones, desplazamientos forzados, delitos ambientales y ataques armados, lo que, según la Fiscalía, configura un vínculo directo con la macrocriminalidad investigada.

“Alias Calarcá articula comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial (…) configurando un nexo causal directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada”, señala el documento.

La solicitud de la Fiscalía no se limita a este caso. También pidió retirar la condición de representantes de paz a otros cabecillas del frente 33 de las disidencias, entre ellos alias Andrey Avendaño, alias Richard y alias John Mechas.

Finalmente, el ente acusador fue enfático en su petición al Gobierno: “solicitó que se revoque la calidad de miembro representante (…) y en consecuencia se reactive las órdenes de captura”.

Con esta decisión en manos del Ejecutivo, se abre un nuevo capítulo en el proceso de negociaciones de paz, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos por parte de los grupos armados.