¿Fracaso de la intervención? Gobierno anuncia liquidación de Air-e tras casi dos años y una deuda que pasó de $530.000 millones a $2,3 billones

Barranquilla, 16 de junio del 2026 - La decisión del Gobierno Nacional de avanzar hacia la liquidación de Air-e, empresa encargada de la distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha generado una fuerte controversia en la región Caribe y entre los gremios del sector energético. La medida llega después de casi dos años de intervención estatal y en medio de cuestionamientos por el deterioro financiero de la compañía, cuya deuda pasó de aproximadamente $530.000 millones al momento de la toma de posesión a cerca de $2,3 billones en la actualidad.

La polémica se desató luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara a través de su cuenta en X la intención de liquidar la compañía para que sus activos hagan parte de una nueva estructura empresarial junto a otra empresa pública del Caribe. Sin embargo, la propuesta despertó preocupación entre expertos, empresarios y usuarios, quienes advierten que la medida podría generar consecuencias para la estabilidad del sistema eléctrico en la región.

Los cuestionamientos no tardaron en aparecer. La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, integrada por cámaras de comercio, comités intergremiales y representantes del sector productivo, aseguró que la iniciativa enfrenta serios obstáculos jurídicos y regulatorios. Además, recordó que cualquier eventual fusión con otra empresa estatal requeriría autorizaciones, trámites corporativos y procesos financieros que podrían tardar años en concretarse.

Uno de los pronunciamientos más fuertes provino de Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien calificó la decisión como una medida riesgosa para la prestación del servicio. “El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación”, advirtió el dirigente gremial al referirse a la obligación legal que tendría la empresa de suspender operaciones una vez se formalice el proceso.

Las preocupaciones también giran alrededor de la elevada deuda acumulada por Air-e. Según cifras conocidas por los gremios, la compañía adeuda cerca de $1,5 billones a empresas térmicas, $420.000 millones a generadoras hidráulicas y alrededor de $610.000 millones a transmisores y transportadores de energía. A esto se suman los reclamos por retrasos en los subsidios para usuarios de estratos 1, 2 y 3 y los recursos pendientes relacionados con la opción tarifaria.

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió que una liquidación podría desencadenar un efecto dominó sobre todo el mercado energético nacional. Según explicó, la suspensión de las obligaciones financieras de Air-e podría acelerar el denominado “apagón financiero” que ya había sido advertido por organismos como la Contraloría, la Procuraduría y XM, operador del sistema eléctrico colombiano.

Las críticas también apuntan al balance de la intervención estatal. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, sostuvo que los indicadores de recaudo y pérdidas de energía empeoraron durante este periodo. “En lugar de mejorar el perfil financiero de la empresa, la situación económica empeoró”, afirmó el vocero, quien además pidió claridad sobre quién asumirá las obligaciones acumuladas durante la administración intervenida.

Mientras tanto, el senador Carlos Meisel cuestionó los constantes cambios de interventores y la falta de una solución estructural. “Vienen improvisando y no buscan alternativas reales al tema”, señaló el congresista, advirtiendo sobre las dificultades que podrían enfrentar millones de usuarios en la región Caribe.

Con el anuncio presidencial sobre la mesa, el debate ahora se centra en el futuro de los 1,3 millones de hogares que dependen del servicio prestado por Air-e, en la búsqueda de un eventual operador que asuma la distribución de energía y en la incertidumbre sobre quién responderá por una deuda que sigue creciendo mientras persisten los temores de una crisis energética de mayores proporciones.