Gobierno excluye 117 tratamientos del sistema de salud, estos son los servicios que ya no serán financiados con recursos públicos y deberán ser pagados por los pacientes

Bogota, 24 de abril del 2026 - El Ministerio de Salud actualizó el listado de servicios médicos que dejarán de ser cubiertos con recursos públicos, al excluir un total de 117 tratamientos mediante la Resolución 695 de 2026, una medida que busca optimizar el uso de los dineros del sistema y garantizar mayor eficiencia y transparencia en su administración.

La decisión, según explicó la cartera de salud, se tomó tras un proceso técnico, científico y participativo, en el que intervinieron 475 personas, entre pacientes, veedurías ciudadanas y expertos de seis agrupaciones científicas. “La medida busca fortalecer el uso eficiente de los recursos del sistema”, se desprende de la justificación oficial.

Entre las exclusiones más llamativas se encuentra el uso de minoxidil tópico para la alopecia androgénica no especificada, la restauración dental con incrustaciones metálicas y el medicamento diacereína para ciertos tipos de osteoartrosis. Además, se mantienen restricciones sobre fármacos como combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, así como el uso de buprenorfina y diazepam en condiciones específicas.

La resolución también deja por fuera del financiamiento público algunos procedimientos de reproducción asistida, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro, así como tratamientos odontológicos puntuales como la ortodoncia fija, la gingivectomía y el cierre de diastemas.

El Ministerio aclaró que varias de estas exclusiones no son generales, sino que aplican únicamente para diagnósticos específicos, como el dolor neuropático, la artritis juvenil, la esclerosis múltiple progresiva y ciertos casos de cáncer de pulmón sin mutaciones determinadas.

“La normativa cobija a todos los actores del sistema de salud”, indicó la entidad, enfatizando que la medida responde a la necesidad de priorizar tecnologías y tratamientos con mayor respaldo científico y efectividad comprobada.

Con esta actualización, el Gobierno busca ajustar el sistema a criterios de sostenibilidad, en medio de un debate permanente sobre la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios de salud en el país.

La decisión ya genera opiniones divididas entre expertos y usuarios, quienes advierten sobre el impacto que estas exclusiones podrían tener en el acceso a ciertos tratamientos, especialmente en áreas sensibles como la salud reproductiva y la atención odontológica.