Gobierno pondrá freno a salarios millonarios en universidades públicas tras escándalo del “cartel de puntos” y sueldos de $90 millones

Bogota, 26 de abril del 2026 - En medio de la polémica por los altos salarios en universidades públicas, el Gobierno Nacional anunció que expedirá un decreto para establecer topes salariales a docentes, luego de las denuncias que destaparon el presunto “cartel de puntos” en la Universidad de Sucre, donde algunos sueldos habrían alcanzado cifras cercanas a los 93 millones de pesos mensuales.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación, que explicó que el nuevo decreto busca corregir vacíos normativos que permitieron distorsiones en el sistema salarial, basado en el Decreto 1279 de 2002, el cual asigna puntos a los docentes según su formación, experiencia, publicaciones e investigación.

El escándalo surgió tras denuncias ciudadanas que evidenciaron un uso presuntamente irregular de este mecanismo, permitiendo que algunos profesores acumularan puntajes que dispararon sus ingresos a niveles considerados desproporcionados dentro del sector público.

Ante esta situación, el Gobierno activó la Subdirección de Inspección y Vigilancia, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo ocurrido en la institución educativa.

El proyecto de decreto que se presentará en los próximos días plantea la fijación de límites salariales por categorías, además de establecer reglas claras sobre la asignación de puntos, respetando derechos adquiridos pero cerrando espacios a posibles abusos.

“El Ministerio actúa con rigor técnico, respeto por la autonomía universitaria y un compromiso firme con la transparencia”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al referirse a la iniciativa.

El funcionario agregó que el objetivo es garantizar que la educación superior pública opere bajo criterios de equidad, responsabilidad y transparencia, evitando distorsiones que afecten la confianza en el sistema.

El borrador del decreto será publicado para comentarios de la ciudadanía, en un intento por construir una regulación más sólida y ajustada a la realidad del sector educativo en Colombia.