Gobierno suspende diálogos de paz urbana tras escándalo por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Medellín, 9 de abril de 2026. El Gobierno Nacional decidió suspender de manera inmediata los diálogos de paz urbana en el Valle de Aburrá, luego del escándalo por una parranda vallenata realizada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales.
La determinación fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que los delegados del Gobierno rechazaron lo ocurrido y anunciaron la medida mientras se esclarecen los hechos. “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir de hoy suspendemos la agenda de interlocución”, señalaron.
El episodio generó polémica tras conocerse que en el centro penitenciario ingresaron artistas, tarimas, alimentos e incluso licor, sin autorización oficial. Según el Inpec, la actividad “en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia ni la Dirección General del Instituto”, lo que desató investigaciones internas.
Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó el cambio del director encargado del penal, la apertura de investigación disciplinaria contra siete funcionarios y la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad.
La controversia creció luego de que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, revelara detalles del evento, asegurando que el cantante vallenato habría recibido un pago millonario. “Él recibió un pago de 100 millones de pesos. Él acordó con uno de los cabecillas ingresar al penal para hacer ese concierto”, afirmó.
Además, indicó que el costo total de la celebración habría ascendido a cerca de 500 millones de pesos, incluyendo logística, artistas y consumo dentro del penal. La funcionaria también cuestionó las condiciones en las que se encuentran los reclusos, señalando que “están no en una cárcel, sino que están en un hotel”.
El escándalo pone en entredicho la política de paz urbana del Gobierno, especialmente en medio de los acercamientos con estructuras criminales recluidas, y abre un nuevo debate sobre los controles y beneficios dentro del sistema penitenciario colombiano.
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