¿Le siguieron cobrando el 4x1.000 sin deberlo? Demanda contra bancos destapa millonaria polémica en Colombia

Bogota, 11 de mayo del 2026 - Una nueva controversia sacude al sistema financiero colombiano luego de que un grupo de abogados presentara una demanda colectiva contra varias entidades bancarias por presuntamente continuar cobrando el impuesto del 4x1.000 a millones de usuarios, pese a que la ley ya contemplaba modificaciones para eximir automáticamente a ciertos ahorradores.

El proceso fue admitido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá y pone bajo la lupa la manera en que los bancos habrían aplicado el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) tras los cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022. Según los demandantes, las entidades financieras tenían plazo hasta diciembre de 2024 para actualizar sus sistemas y automatizar la exención del impuesto para usuarios con movimientos inferiores a 350 UVT.

La acción judicial fue presentada por los abogados Oscar Eduardo Aldana y Juan Pablo Naranjo, quienes sostienen que las entidades financieras incumplieron la obligación de implementar el mecanismo automático que evitara seguir cobrando el tributo a quienes cumplían las condiciones legales para quedar exentos.

“Millones de usuarios habrían seguido pagando descuentos asociados al GMF pese a que la ley ya contemplaba la eliminación automática del cobro”, advierten los demandantes dentro del proceso judicial que ahora deberá ser evaluado por la justicia colombiana.

Uno de los puntos más delicados de la demanda es que, según los abogados, los bancos continuaron recaudando y trasladando estos recursos a la Dian aun cuando las modificaciones legales ya estaban vigentes. La controversia gira especialmente alrededor de la eliminación del requisito de marcar una cuenta específica como exenta, mecanismo que durante años fue obligatorio para evitar el cobro del 4x1.000.

La demanda también expone el posible impacto económico que esta situación habría generado sobre millones de hogares colombianos. Información recopilada mediante derechos de petición indica que entre finales de 2024 y mediados de 2025 el recaudo del impuesto habría alcanzado aproximadamente 9,2 billones de pesos, cifra dentro de la cual podría existir dinero cobrado a usuarios que legalmente no debían pagarlo.

“Aunque para muchos usuarios el descuento parecía pequeño, el impacto acumulado habría afectado directamente el presupuesto familiar de millones de colombianos”, señalan los abogados, quienes aseguran que los cobros repetitivos golpearon especialmente a hogares de ingresos bajos y medios.

Según la acción colectiva, esos recursos descontados mes a mes pudieron afectar gastos esenciales como alimentación, transporte, salud, educación y servicios públicos. Mientras avanza el proceso judicial, el caso ya abrió un nuevo debate nacional sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a la correcta aplicación de las reformas tributarias y la protección de los consumidores bancarios en Colombia.