¿Los Colombianos deberían pagar la asesoría de $10 mil millones para que Gustavo Petro salga de la lista Clinton?

Bogota, 11 de mayo del 2026 - La decisión del Gobierno Nacional de extender un contrato por 10.000 millones de pesos para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro volvió a encender la controversia política en Colombia. La pregunta que comenzó a repetirse en redes sociales y sectores de oposición es directa: “¿Por qué los colombianos deben pagar con sus impuestos una asesoría jurídica que parece un problema personal del presidente?”

El contrato, firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la firma británica Amadeus Consultancy Limited, fue prorrogado hasta junio de 2026 pese a que mantiene el mismo valor inicial: dos millones de libras esterlinas. El objetivo del acuerdo es brindar asesoría especializada tras la inclusión de Petro en la lista de sanciones de la OFAC, conocida internacionalmente como la “Lista Clinton”.

La decisión ha generado críticas porque los recursos utilizados para financiar la defensa provienen directamente del presupuesto público. Sectores políticos y ciudadanos cuestionan que sea el Estado quien asuma el costo de una situación que consideran vinculada exclusivamente al mandatario y no a todos los colombianos.

Sin embargo, desde el Gobierno defienden la contratación argumentando que el caso no afecta únicamente al presidente, sino a la institucionalidad del país. Según la posición oficial, la inclusión de Petro en la lista OFAC tendría motivaciones políticas relacionadas con decisiones y políticas de Estado, entre ellas la estrategia de “Paz Total” impulsada por el Ejecutivo.

La Presidencia sostiene además que una sanción internacional contra el jefe de Estado podría generar impactos financieros, diplomáticos y reputacionales para Colombia. “La defensa jurídica internacional busca mitigar riesgos institucionales y proteger la gobernabilidad del país”, explican documentos oficiales relacionados con la prórroga del contrato.

El DAPRE aseguró que los asuntos tratados requieren acompañamiento técnico permanente y que el proceso involucra análisis especializados sobre sanciones financieras internacionales, normativas extranjeras y riesgos jurídicos complejos. Por esa razón, el Gobierno considera que la asesoría tiene un interés nacional y no estrictamente personal.

A pesar de esos argumentos, la polémica sigue creciendo. Para sectores críticos, el hecho de que el contrato sea financiado con dinero público mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales representa un uso cuestionable de los recursos estatales. El debate también se ha trasladado a redes sociales, donde cientos de usuarios han rechazado que los contribuyentes asuman el costo de la defensa internacional del mandatario.

Hasta el momento, el Gobierno ya desembolsó cerca de 2.500 millones de pesos, mientras que el resto del dinero será entregado de manera gradual, sujeto a informes de cumplimiento presentados por la firma contratada. Entretanto, la discusión sobre si la defensa de Petro es un asunto de Estado o un problema personal continúa dividiendo opiniones en el escenario político colombiano.