Más de 1.700 presos, bajo temperaturas extremas en La Tramacúa: piden intervención urgente
Advierten que la medida agravaría las condiciones de calor extremo que enfrentan más de 1.700 personas privadas de la libertad y piden a la Corte Constitucional intervenir de manera urgente.
Valledupar, septiembre 10 de 2026 - Organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil solicitaron a la Corte Constitucional intervenir de manera urgente ante lo que califican como un posible incumplimiento de las medidas ordenadas en el Auto 1129 del 18 de agosto de 2026, relacionado con las condiciones de las personas privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, CPAMS.
En un comunicado público fechado el 9 de septiembre, las organizaciones aseguran que durante una inspección judicial realizada el pasado 12 de mayo, la Corte Constitucional constató temperaturas de hasta 55 grados centígrados en los pisos de los patios y una sensación térmica superior a los 42 grados dentro de las celdas de concreto. También señalan que la infraestructura de sombra resulta insuficiente para la población recluida.
La principal denuncia está relacionada con unas presuntas instrucciones impartidas al director general del INPEC para decomisar ventiladores eléctricos de gran diámetro dentro del establecimiento penitenciario. De acuerdo con el comunicado, estos equipos serían precisamente uno de los mecanismos utilizados para mitigar las altas temperaturas. Las organizaciones consideran que la medida entraría en contradicción con el Auto 1129, que —según el documento— ordenó realizar un diagnóstico de la capacidad eléctrica y avanzar en la instalación de ventiladores seguros.
Piden abrir las celdas entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde
Ante las condiciones térmicas, los defensores de derechos humanos solicitaron que se permita la apertura diurna de las celdas entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo que identifican como el de mayor exposición al calor. Sostienen que esta medida ya ha sido planteada ante la Corte y que existen experiencias piloto que, según el comunicado, habrían permitido mejorar las condiciones de vida sin afectar la seguridad interna.
Además, exigieron el cumplimiento integral de las medidas relacionadas con el suministro permanente de agua potable, construcción de zonas de sombra, instalación y mantenimiento de ventiladores seguros, identificación de personas especialmente vulnerables al calor, protocolos de atención en salud y ejecución de obras de infraestructura.
Las organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional que ordene la revocación inmediata de las instrucciones de decomiso de los ventiladores y que, en caso de persistir el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales, se activen los mecanismos de seguimiento y, si corresponde, las sanciones por desacato.
Al comunicado se sumaron, según el propio documento, la Personería Municipal de Valledupar y la Defensoría del Pueblo, Delegación Cesar.
