Mineros de Santurbán anuncian demandas contra MinAmbiente y advierten que nuevas medidas favorecen la minería ilegal
Bogotá, 16 de julio de 2026. Las organizaciones mineras, comunales y sociales de la provincia de Soto Norte, en Santander, anunciaron que emprenderán acciones legales contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que las recientes resoluciones sobre el Páramo de Santurbán vulneran los derechos de participación de las comunidades y ponen en riesgo el futuro de la minería legal en la región.
Los voceros aseguraron que las decisiones adoptadas por la cartera ambiental, encabezada de manera encargada por Irene Vélez, no solo afectan a los pequeños productores, sino que también podrían fortalecer la presencia de la minería ilegal en municipios tradicionalmente mineros como California y Vetas.
Una de las voces más críticas fue la de Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija, quien cuestionó el alcance de las nuevas disposiciones. "El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó.
Cuestionan la delimitación progresiva del páramo
El principal reparo de las organizaciones está relacionado con la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán, mecanismo que, según los líderes mineros, fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo establecido por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual ordena una delimitación integral con participación de las comunidades y municipios involucrados.
Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción del municipio de California, al señalar que la medida fue adoptada sin un proceso suficiente de participación ciudadana, desconociendo —según sostienen— los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Preocupación por la economía de la región
Los representantes también manifestaron su desacuerdo con la intención del Ministerio de extender hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal creada en 2024, al considerar que esta decisión mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende en gran parte de la minería formal, actividad que, aseguran, ha sido desarrollada históricamente por fuera del ecosistema de páramo.
Anuncian denuncias contra funcionarios del Ministerio
Como parte de las acciones anunciadas, las organizaciones informaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra encargada y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.
Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan y garanticen el respeto al debido proceso y al derecho de participación de las comunidades de Soto Norte.
Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre el Páramo de Santurbán, con el objetivo de encontrar una solución definitiva al proceso de delimitación.
El debate sobre el Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se ha mantenido durante la última década, enfrentando posiciones entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector, en medio de la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de las actividades económicas de la región.
