Ministerio de Educación ordena al Tribunal Electoral de la UPC abstenerse de intervenir en elección de rector

Valledupar, abril 17 de 2026 - El Ministerio de Educación Nacional emitió una medida conminatoria dirigida expresamente al Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar, en la que le ordena abstenerse de seguir actuando sobre el proceso de elección de rector de la Universidad Popular del Cesar, al considerar que este ya finalizó jurídicamente.

El oficio, fechado el 16 de abril de 2026, fue enviado al presidente de ese tribunal, Jorge Iván Guerra Fuentes, y firmado por el subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio, Harold Antonio Hernández Molina.

Proceso ya concluido

En el documento, el Ministerio deja claro que la elección del rector culminó con la expedición del Acuerdo No. 011 del 9 de marzo de 2026 por parte del Consejo Superior Universitario, que es la autoridad competente para realizar dicha designación.

Por esta razón, señala que cualquier intento de reabrir el proceso o revisar etapas previas carece de validez, ya que se trata de una situación jurídica consolidada.

Funciones limitadas del Tribunal

El pronunciamiento también advierte que el Tribunal de Garantías Electorales tiene competencias limitadas y temporales, circunscritas únicamente a vigilar el proceso mientras este se encuentra en curso.

En ese sentido, el Ministerio considera que actuaciones posteriores a la designación del rector, como declarar nulidades o revisar inscripciones, exceden sus funciones.

Orden directa y advertencia

La entidad nacional ordenó al Tribunal:

•          No emitir decisiones sobre el proceso ya finalizado.

•          No revisar actos relacionados con la inscripción de candidatos.

•          Ajustarse a sus funciones dentro de procesos vigentes.

•          Abstenerse de sesionar sobre un proceso concluido.

Además, recordó que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones, incluyendo multas de hasta 100 salarios mínimos.

El pronunciamiento se da en medio de la controversia por la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar y deja claro que cualquier disputa deberá resolverse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.