Ministerio de Trabajo advierte presunta estrategia de clínicas para evadir deudas laborales cambiando de razón social

La protesta de trabajadores de servicios generales en la clínica OHI, antigua Clínica Laura Daniela de Valledupar, destapó una preocupación mayor: el presunto uso de cambios de razón social y procesos de reorganización empresarial para evitar el pago de deudas laborales acumuladas con empleados del sector salud.

La situación fue expuesta por el director territorial del Ministerio del Trabajo en Cesar, Harit Gómez, quien confirmó que la entidad ya adelanta investigaciones por posibles irregularidades laborales y uso indebido de figuras jurídicas contempladas en la Ley 1116 de 2006.

Según explicó el funcionario, varias clínicas estarían recurriendo a procesos de reorganización empresarial mientras continúan operando prácticamente bajo las mismas condiciones, pero con otro nombre jurídico.

“Es la misma empresa, la misma capacidad, las mismas instalaciones, el mismo personal; lo único que cambia es la razón social”, afirmó Gómez durante entrevista radial.

El director territorial aseguró que esta práctica estaría dejando a trabajadores con millonarias acreencias laborales sin garantías reales de pago.

“Aquí hay un mal uso de la figura de reorganización empresarial. Lo que en sí se está ocultando es el desconocimiento de derechos y acreencias laborales”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, el problema no sería exclusivo de la clínica OHI, sino una práctica recurrente en instituciones de salud del departamento.

“La Clínica Reina del Sol antes era Clínica Buenos Aires; la Santo Tomás también cambió de razón social. Esto es una práctica muy común que está afectando derechos laborales”, denunció.

El Ministerio de Trabajo indicó que, aunque puede investigar incumplimientos laborales, el análisis sobre la legalidad de estas reorganizaciones corresponde principalmente a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Nacional de Salud.

La polémica tomó fuerza luego de la protesta realizada por trabajadores tercerizados de servicios generales, quienes denunciaron retrasos salariales, falta de pago de seguridad social y cambios constantes en las modalidades de contratación.

El funcionario reveló además que durante las inspecciones realizadas se evidenciaron posibles casos de intermediación laboral irregular y deudas acumuladas desde hace varios meses.

“Hay trabajadores a quienes se les debe desde enero, febrero, marzo y abril”, indicó.

Gómez advirtió que la situación financiera del sector salud está impactando no solo a trabajadores operativos, sino también a médicos y especialistas, lo que podría terminar afectando la calidad en la atención de los pacientes.

“Se le debe a servicios generales, médicos, especialistas y enfermeras. Esa situación está poniendo en riesgo la prestación de calidad del servicio”, puntualizó.