Mismo contratista que en el 2023 ejecuto vía Aguas Blancas - Codazzi y que solo duro un año en buen estado, se ganó otro contrato por $60 mil millones de pesos con el departamento del Cesar

Valledupar, 27 de de abril del 2026 - Una fuerte controversia se desató en el departamento del Cesar luego de que se conociera que las mismas empresas responsables de una vía con graves daños prematuros fueron nuevamente favorecidas con un contrato millonario, a pesar de no haber respondido por las fallas en la obra anterior.

El caso gira en torno a la vía Aguas Blancas–Codazzi, un proyecto de 107.000 millones de pesos que, tras su entrega en 2023, comenzó a presentar deterioro sin que los contratistas atendieran los múltiples llamados de la Gobernación para su reparación.

El secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, reveló que durante 2024 se realizaron varias solicitudes formales para exigir explicaciones y soluciones técnicas, pero estas fueron ignoradas. “Hubo requerimientos en enero, mayo y octubre, pero nunca respondieron”, aseguró el funcionario.

Pese a este historial, en enero de 2026 la administración departamental adjudicó un nuevo contrato por 60.666 millones de pesos para la vía Mariangola–Villa Germania al Consorcio Transversal Vial Nevada, integrado por las mismas empresas involucradas en la obra cuestionada, aunque bajo una estructura societaria distinta.

Esta situación ha sido señalada como una contradicción administrativa, ya que los contratistas habrían obtenido un nuevo proyecto mientras no daban respuesta por los daños de la obra anterior, lo que ha generado cuestionamientos sobre los procesos de contratación.

Ante la falta de respuestas, la Gobernación acudió a mecanismos legales, incluyendo requerimientos a la aseguradora para hacer efectiva la póliza de cumplimiento, así como acciones de tutela que obligaron a los contratistas a pronunciarse. Según Maestre, la defensa se basa en que “ellos ejecutaron lo que indicaban los diseños entregados”.

El funcionario explicó que actualmente se evalúa la responsabilidad entre varios actores: diseñador, interventor, constructor o supervisor, lo que determinará quién debe responder por los daños y asumir las reparaciones.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables se hagan cargo”, afirmó Maestre, advirtiendo que el caso podría escalar a instancias como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Mientras avanza el proceso sancionatorio, la polémica crece por el hecho de que, en medio de las investigaciones, los mismos contratistas hayan sido nuevamente beneficiados con recursos públicos, lo que pone en el centro del debate la transparencia en la contratación estatal.