Bogota, 16 de abril del 2026 - En medio de la crisis del sistema de salud en Colombia, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo generó controversia al referirse al nuevo interventor de la Nueva EPS, asegurando que no cuenta con conocimientos técnicos sobre uno de los aspectos clave del modelo. Las declaraciones se dieron durante una entrevista radial, donde el funcionario dejó claro que el rol del designado será estrictamente administrativo.

El jefe de la cartera de Salud fue enfático al delimitar las funciones del interventor, señalando que no tendrá injerencia en temas estructurales del sistema. “El doctor no sabe cómo se elabora la UPC”, afirmó, al explicar que este es un proceso altamente técnico que escapa a sus competencias. No obstante, defendió su perfil al asegurar que “él sabe administrar”, destacando su experiencia en gestión.

El pronunciamiento se da en un contexto crítico para la Nueva EPS, donde, según el ministro, se investigan presuntas irregularidades financieras que superarían los 9 billones de pesos, lo que ha llevado a una auditoría forense en curso. En ese sentido, indicó que el objetivo de la intervención es esclarecer la situación real de la entidad y reorganizar su funcionamiento.

Jaramillo también amplió el panorama sobre la crisis del sistema, asegurando que no se trata de un caso aislado. Según explicó, 26 de las 28 EPS del país estarían en condiciones de liquidación por incumplir requisitos financieros. A pesar de esto, el Gobierno ha optado por intervenirlas para evitar un colapso inmediato mientras avanza una reforma estructural.

Además, el ministro responsabilizó directamente a las EPS por las fallas en la prestación del servicio, descartando problemas de financiación estatal. “Nosotros pagamos anticipadamente cada uno de los recursos y no tenemos ni una sola deuda”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la gestión de estas entidades frente a hospitales y clínicas.

Finalmente, insistió en la necesidad de una reforma al sistema de salud, argumentando que el modelo actual es insostenible y ha favorecido a ciertos actores sin garantizar una atención eficiente para la ciudadanía.