“No somos investigadores”: mánager de Nelson Velásquez rompe el silencio tras escándalo por parranda en cárcel de Itagüí

Medellín, 9 de abril de 2026. En medio del escándalo por la parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí sin autorización, el mánager del cantante Nelson Velásquez salió a dar explicaciones sobre la polémica presentación que hoy tiene bajo investigación a varios funcionarios del Inpec.

El pronunciamiento se da luego de que se confirmara que el artista ingresó al patio 1 del centro penitenciario, donde permanecen recluidos cabecillas vinculados a los diálogos de “paz urbana”, generando una fuerte controversia a nivel nacional.

Álex Eduardo Díaz, representante del cantante, aseguró que su equipo únicamente cumplió con un compromiso laboral, sin verificar quién estaba detrás de la contratación. “No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, afirmó.

El mánager insistió en que no era su responsabilidad indagar sobre el contexto del evento, dejando una frase que ha generado críticas: “No somos investigadores”.

Según explicó, el equipo del artista asumió que todo estaba en regla, ya que no tuvieron inconvenientes al momento de ingresar al penal. “Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso”, sostuvo, agregando que la presentación fue breve, de “3 a 5 canciones”.

Sin embargo, las dudas aumentan sobre cómo se permitió el acceso. Versiones preliminares indican que el ingreso habría ocurrido durante días de visita, utilizando esta modalidad para entrar como civiles con equipos de sonido, lo que pone en entredicho los controles de seguridad del centro carcelario.

Sobre el pago del evento, Díaz señaló a un intermediario identificado como ‘Carlos’. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, dijo, aunque reconoció desconocer si esta persona tendría vínculos con los reclusos.

Por su parte, el Inpec reiteró que la actividad “no fue aprobada ni autorizada” por ninguna instancia oficial, lo que llevó a la remoción del director encargado, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios.

El caso sigue generando cuestionamientos sobre los beneficios indebidos dentro de centros penitenciarios y el impacto que este tipo de hechos tiene en la credibilidad de los procesos de paz urbana que impulsa el Gobierno.