Paloma Valencia denuncia que habrían pagado $2.000 millones por atentar en su contra

Bogota, 27 de abril del 2026 - La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció públicamente un presunto plan para atentar contra su vida, luego de recibir información oficial que advierte sobre una amenaza directa en su contra. Según reveló, el complot estaría siendo coordinado por estructuras ilegales y tendría incluso una millonaria suma destinada para su ejecución.

De acuerdo con la información entregada a la dirigente política, alias “Buche Tula”, integrante del frente 42 de las disidencias de las FARC, habría recibido 2.000 millones de pesos con el objetivo de llevar a cabo el atentado. La gravedad de la denuncia ha encendido las alertas en el ámbito político y de seguridad nacional.

Valencia aseguró que esta vez decidió hacer pública la situación debido a que la alerta provino directamente del Gobierno Nacional. Pese a la situación, la congresista confirmó que mantendrá su agenda política, incluso en zonas consideradas de alto riesgo. Este martes tiene previsto desplazarse al suroccidente del país, una región que recientemente ha sido escenario de ataques atribuidos a grupos armados ilegales.

Sobre las medidas de protección, Valencia indicó que se encuentran a la espera de un reforzamiento en su esquema de seguridad, el cual ya habría sido anunciado por las autoridades competentes. Sin embargo, evitó entregar más detalles para no afectar las investigaciones en curso.

“No puedo informar nada más porque se están adelantando investigaciones que no queremos torpedear”, afirmó la senadora, insistiendo en la necesidad de manejar con cautela la información sensible relacionada con el caso.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la delicada situación de seguridad que enfrentan líderes políticos en el país, especialmente en medio del actual contexto electoral y del accionar de grupos armados ilegales. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan para verificar la veracidad de la amenaza y garantizar la protección de la dirigente, en un caso que genera preocupación tanto en el escenario político como en la opinión pública.