Petro responde a la Corte y anuncia nueva ley de financiamiento tras caída de la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, confirmando que su Gobierno presentará una nueva ley de financiamiento ante el Congreso. El mandatario advirtió que la decisión del alto tribunal ya está teniendo efectos directos en la economía, especialmente en el encarecimiento de la deuda pública.

Según explicó el jefe de Estado, la Corte no avaló los argumentos del Ejecutivo sobre los hechos “sobrevinientes” que justificaban la emergencia económica, pese a que —según dijo— sí existían factores extraordinarios. “El hecho extraordinario tenía que ver con el encarecimiento de la deuda que tendría que pagar el pueblo colombiano”, afirmó Petro.

El pronunciamiento del Presidente se dio luego de que el magistrado Carlos Camargo señalara que la mayoría de los argumentos del Gobierno no cumplían con el requisito de ser imprevisibles. Frente a esto, Petro insistió en que también había una situación crítica derivada de fenómenos climáticos. “Fuimos víctima de un imprevisible caso de crisis climática que obligó a presentar una nueva emergencia económica”, sostuvo.

El mandatario aseguró que la caída de la emergencia, sumada al hundimiento de la anterior reforma en el Congreso, ha generado un impacto fiscal significativo. En ese sentido, advirtió que la tasa de endeudamiento del país pasó del 7 % al 13 %, lo que calificó como “una pérdida de riqueza nacional que termina en manos del sistema financiero”.

Además, el Presidente fue enfático en que su Gobierno no recortará el gasto social, argumentando que la Constitución lo impide. “Nos paramos en la raya para que ningún ciudadano pague la crisis”, dijo, al tiempo que anunció que se priorizarán recursos y se aplazarán transferencias hacia sectores con mayor capacidad económica.

Nueva reforma en camino

Como respuesta directa al fallo, Petro confirmó que insistirá en una nueva iniciativa fiscal. “Se presentará al Congreso la ley de priorización de la alimentación y el agua potable en el país”, anunció, reiterando que el Presupuesto General de la Nación mantiene un faltante cercano a los $16 billones.

El Gobierno busca así reabrir el debate en el Legislativo, luego de que en ocasiones anteriores no lograra la aprobación de una reforma tributaria que cubriera ese déficit.

Un pulso institucional en desarrollo

El caso refleja un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el poder judicial. Mientras la Corte Constitucional refuerza los límites al uso de los estados de excepción, el Gobierno insiste en la urgencia de medidas para enfrentar el déficit fiscal y las presiones económicas.

Por ahora, el futuro de los impuestos y de las finanzas públicas dependerá de la discusión en el Congreso, donde el Ejecutivo deberá volver a buscar los votos que le permitan sacar adelante su nueva propuesta.