Polémica por predio donde funciona colegio en Valledupar: comunidad denuncia cobro mientras documentos revelan disputa jurídica

Valledupar, abril 28 de 2026 - Una nueva controversia se desató en el barrio José Antonio Galán, en Valledupar, luego de que residentes denunciaran que una persona estaría reclamando como suyo el lote donde funciona la Institución Educativa Villa Corelca, sede Escuela Campo Herrera, y estaría exigiendo el pago de hasta 15 millones de pesos por concepto de arriendo.

La situación ha generado indignación en la comunidad, que asegura que el plantel educativo lleva más de 30 años funcionando en ese lugar, formando a cientos de estudiantes del sector. “¿Cómo es posible que ahora aparezca un dueño después de tantos años y sin haber invertido nada en el colegio?”, cuestionan vecinos, quienes piden claridad a las autoridades sobre la situación jurídica del terreno.

Sin embargo, documentos oficiales conocidos en este caso muestran que el predio sí tiene una historia legal compleja. De acuerdo con el certificado de tradición, el inmueble —identificado como lote 10 de la manzana H de la urbanización José Antonio Galán— aparece registrado a nombre de una asociación comunitaria y cuenta con matrícula inmobiliaria vigente .

Además, una sentencia del Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar confirma que la Asociación Popular de Integración Comunitaria (ASPOINTECO) figura como propietaria del terreno donde hoy funciona el colegio . Según ese fallo, el lote habría sido entregado en comodato al Municipio de Valledupar en 1992 para el funcionamiento de la institución educativa, con un plazo de 30 años que habría vencido en mayo de 2022.

El mismo proceso judicial revela que, tras el vencimiento de ese plazo, el municipio continuó utilizando el inmueble sin que exista claridad sobre un contrato vigente ni el pago de arriendo, lo que dio origen a reclamaciones económicas por parte de la asociación propietaria.

No obstante, el juzgado también dejó claro que no fue posible probar plenamente la existencia formal del contrato de comodato, debido a la ausencia del documento original, lo que complica aún más el panorama legal del predio y deja en el aire las responsabilidades tanto del municipio como de terceros que hoy reclaman derechos sobre el lote.

Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en incertidumbre, temiendo que esta disputa pueda afectar el funcionamiento del colegio. Habitantes del sector hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que intervengan y aclaren la situación, evitando que los estudiantes resulten perjudicados por un conflicto jurídico que lleva años sin resolverse.