Procuraduría abre investigación a 13 funcionarios de la cárcel de Itagüí por parranda vallenata

Itagüí, 04 de mayo del 2026 - Una fiesta con música vallenata, licor y lujos dentro de la Cárcel La Paz de Itagüí encendió las alarmas en el país y derivó en una investigación disciplinaria contra 13 funcionarios, entre ellos el director del penal, Édgar Iván Pérez Ortega.

La Procuraduría General de la Nación abrió el proceso tras detectar posibles irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, lo que habría facilitado la realización del evento el pasado 8 de abril de 2026 dentro del centro penitenciario.

La celebración, que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez, dejó en evidencia fallas graves en la seguridad y la posible participación de funcionarios del INPEC, quienes habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos.

“La actividad en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno nacional ni por la Dirección General del Instituto”, señaló el INPEC en un comunicado, en el que además confirmó la presencia del artista dentro del penal.

Como parte de las acciones inmediatas, once funcionarios fueron suspendidos, incluido el director del establecimiento, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades disciplinarias y posibles faltas graves.

El ente de control indicó que busca establecer si hubo una modificación irregular de los turnos, así como verificar si las conductas investigadas constituyen faltas y si existieron circunstancias que excluyan responsabilidad.

El caso también tuvo repercusiones a nivel nacional. Dos días después del escándalo, el Gobierno anunció la suspensión del proceso de diálogo sociojurídico con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó la decisión tras conocerse los hechos, mientras que delegados del proceso de Paz Urbana rechazaron lo ocurrido. “Estos hechos no hacen parte de las garantías establecidas en este espacio”, señalaron.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la intervención en los pabellones de máxima seguridad, en un caso que reabre el debate sobre el control institucional y la seguridad en las cárceles del país.