Procuraduría formula cargos disciplinarios contra exedecán del presidente Petro por presunto acoso sexual y violencia de género

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el mayor del Ejército Sammy Rodríguez Lemus, quien se desempeñó como edecán del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en acoso sexual y violencia de género contra una oficial de la misma institución.

Los hechos investigados habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga, en medio de un contexto de subordinación jerárquica, lo que llevó al Ministerio Público a abordar el caso con enfoque de género. Según el expediente, la denunciante accedió a trasladar al oficial en su vehículo; sin embargo, durante el trayecto —en el que también se encontraba su hijo menor de edad— se habrían presentado comentarios de connotación sexual, tocamientos no consentidos, insultos y amenazas.

De acuerdo con la Procuraduría, existen suficientes elementos para avanzar en el proceso disciplinario. “La conclusión a la que llega este despacho no se sustenta en una sola declaración, sino en la valoración conjunta de todo el material probatorio arrimado”, indicó la entidad, al tiempo que subrayó que el investigado “tuvo acceso y pudo participar en el desarrollo del mismo”.

El caso reviste especial gravedad, según el organismo de control, debido a que los hechos habrían ocurrido en presencia del hijo de la víctima. En ese sentido, el documento señala que “los acontecimientos se dieron en presencia del hijo menor de la víctima, circunstancia que profundiza el daño causado y revela el desprecio del investigado por los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes”.

Dentro del material probatorio se incluyen declaraciones de la víctima, testimonios de uniformados, informes institucionales y valoraciones médicas y psicológicas, las cuales evidenciarían afectaciones emocionales compatibles con un evento de alto impacto.

Pese a los señalamientos, el mayor Sammy Rodríguez Lemus negó las acusaciones y aseguró que lo ocurrido corresponde a una discusión relacionada con la pérdida de un celular institucional. No obstante, la Procuraduría insistió en que el proceso se sustenta en la coherencia y convergencia de múltiples pruebas, y no en un único testimonio.