Ricardo Roa vuelve a ausentarse de audiencia por caso electoral y proceso queda en el aire

8 de abril de 2026. Por segunda vez fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, luego de que no se presentara a la diligencia judicial programada en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, en medio de las investigaciones por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022.

La sesión, prevista para este miércoles, no pudo desarrollarse debido a la ausencia del implicado, quien actualmente se encuentra en periodo de vacaciones, lo que obligó a reprogramar el proceso. En consecuencia, el despacho ordenó devolver el expediente para que la Fiscalía General de la Nación solicite una nueva fecha.

El caso se remonta a una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría superado los límites legales de financiación. “La campaña excedió los topes establecidos… con millonarias omisiones en los reportes”, señala el análisis del organismo electoral.

Según las cifras, en la primera vuelta se registró un exceso de $2.459 millones, mientras que en la segunda vuelta la cifra superó los $583 millones, además de múltiples gastos no reportados que elevaron el monto total a más de $3.500 millones.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo no declarados, así como posibles aportes provenientes de fuentes prohibidas.

El nuevo aplazamiento coincide con el inicio del periodo de descanso autorizado a Roa por la junta directiva de Ecopetrol, que incluye siete semanas de vacaciones y un mes adicional de licencia no remunerada. Mientras tanto, el ingeniero Juan Carlos Hurtado asumió de manera temporal la presidencia de la compañía.

A este proceso se suma otra investigación en curso por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá por un valor significativamente inferior al comercial. Según la Fiscalía, “el inmueble fue adquirido muy por debajo de su precio real, con una diferencia cercana a los $927 millones”.

Con varios frentes judiciales abiertos, la situación de Roa sigue generando incertidumbre tanto en el ámbito político como en la dirección de la principal empresa estatal del país, mientras se espera la reprogramación de la audiencia clave en su proceso.