Según la Fiscalía General suspendieron órdenes de captura a 23 cabecillas para que estos puedan asistir a diálogos con el Gobierno
La decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado ha generado un fuerte debate en el país, luego de que se conociera que la medida busca permitir su participación en espacios de conversación sociojurídicos impulsados por el Gobierno Nacional.
La determinación fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, en respuesta a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Según se explicó, la suspensión tendrá una vigencia de seis meses y aplica para voceros de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
Desde el ente acusador se aclaró el alcance de la medida, señalando que “la suspensión de las órdenes de captura no implica la liberación de quienes ya se encuentran privados de la libertad”, desmintiendo versiones que circularon tras conocerse la decisión.
El objetivo, según el Gobierno, es avanzar en procesos de sometimiento a la justicia dentro de la política de “paz total”, permitiendo que estos voceros participen en diálogos orientados a la desarticulación de organizaciones criminales.
No obstante, la decisión ha generado críticas desde distintos sectores políticos. Uno de los cuestionamientos más fuertes provino del representante electo Daniel Briceño, quien advirtió: “el Gobierno está dejando en libertad a delincuentes peligrosos, lo que podría poner en riesgo la seguridad”.
Ante estas preocupaciones, la Fiscalía reiteró que la medida no impide la acción judicial en casos de delitos graves, indicando que “las capturas en flagrancia por secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos seguirán plenamente vigentes”.
El caso reabre el debate sobre los alcances de la política de paz y el equilibrio entre la seguridad ciudadana y los esfuerzos por lograr procesos de negociación con estructuras criminales de alto impacto.
