Supersalud exige a EPS responder en máximo ocho horas casos críticos de niños y adolescentes

La Superintendencia Nacional de Salud anunció un nuevo proyecto de circular con el que busca endurecer las medidas frente a la atención de niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo vital, obligando a las EPS a responder de manera prioritaria y en un tiempo máximo de ocho horas ante reclamos relacionados con la prestación de servicios médicos.
La iniciativa, que actualmente fue puesta en etapa de comentarios, surge como una estrategia para fortalecer la protección de menores de edad diagnosticados con enfermedades de alto costo o patologías complejas que requieren atención continua e inmediata.
Según lo planteado por la Supersalud, los reclamos catalogados como de “riesgo vital” deberán ser atendidos y solucionados “de manera inmediata”, estableciendo un límite de ocho horas para emitir una respuesta de fondo por parte de las entidades promotoras de salud.
Además, la entidad advirtió que las EPS que incumplan con estos tiempos deberán explicar las razones de la demora y señalar a los responsables de las posibles barreras administrativas o retrasos en la atención médica.
La propuesta también contempla medidas especiales para pacientes menores de edad diagnosticados con cáncer, hemofilia, enfermedades huérfanas, patologías crónicas o que hayan sido sometidos a trasplantes, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos y el acceso oportuno a medicamentos, procedimientos y tecnologías en salud.
“Los reclamos clasificados como riesgo vital deberán ser gestionados y resueltos de manera inmediata”, señala el documento presentado por la Superintendencia.
Otro de los puntos incluidos en la circular establece que las EPS tendrán la obligación de articularse con hospitales, clínicas y proveedores de servicios médicos para evitar interrupciones en los tratamientos, así como acompañar y representar a los afiliados en los procesos de atención.
La Supersalud también dejó claro que, en los casos donde se detecten posibles omisiones o vulneraciones al derecho a la salud de menores, se dará traslado a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República para las respectivas investigaciones.
Dentro de las nuevas medidas, la entidad plantea implementar sistemas especiales de seguimiento a estos pacientes, incluyendo bases de datos priorizadas y contactos mensuales para verificar que los tratamientos médicos se estén prestando sin interrupciones.
Con esta iniciativa, la Superintendencia busca reducir las barreras administrativas y garantizar una atención más rápida, integral y efectiva para la población infantil y adolescente con especial protección constitucional en Colombia.
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