Supervigilancia suspende 31 empresas de seguridad por presunta infiltración criminal en Colombia

Bogotá, 15 de abril de 2026. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector, tras detectar irregularidades administrativas y posibles vínculos con estructuras criminales. La decisión hace parte de una ofensiva institucional para depurar el sector y evitar el uso indebido de recursos legales por parte de organizaciones ilegales.

Según explicó el superintendente Larry Álvarez, las investigaciones evidencian un patrón preocupante en algunas compañías. “El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, afirmó.

La entidad precisó que no todos los casos están relacionados con actividades delictivas. Algunas de las empresas enfrentan procesos por fallas administrativas, como inconsistencias en la información del Sarlaft, registro de domicilios inexistentes o declaración de armas en sedes no autorizadas. No obstante, la Superintendencia aclaró que los detalles de cada caso se mantienen bajo reserva, debido al carácter de las investigaciones.

Entre las compañías incluidas en la lista se encuentran OL Security Group Ltda., 360 Grados Seguridad Ltda., Marshall Security Ltda., WS Security International, Seguridad Securbel, Seguridad Sara, Colombian Security Patrol y Vigilancia Nacional y Seguridad Vinalseg, con presencia en al menos 17 ciudades del país, principalmente en Bogotá, donde se concentra la mayoría de sedes.

En medio de este proceso, ya se adoptaron medidas más severas contra dos empresas en Barranquilla: Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que se les canceló la licencia en primera instancia. De acuerdo con la Superintendencia, en estos casos se comprobó la relación de armas autorizadas con hechos delictivos y la presencia de personal vinculado a organizaciones criminales.

“En este momento hay 31 empresas a las que les hemos suspendido la licencia y algunas, incluso, ya cuentan con decisión de primera instancia de cancelación. De ninguna manera vamos a seguir permitiendo esto”, enfatizó Álvarez, quien advirtió que estas prácticas podrían estar relacionadas con delitos como el lavado de activos.

El funcionario también destacó que las actuaciones se desarrollan respetando el debido proceso, permitiendo a las empresas ejercer su derecho a la defensa. “Lo que hay aquí es una superintendencia comprometida con evitar que se repitan situaciones que el país ya conoció en el pasado”, agregó.

En el marco de estas acciones, la entidad ha impuesto 280 sanciones que superan los $9.000 millones, cifra que podría aumentar en los próximos días con nuevas decisiones derivadas de las investigaciones en curso.

“Todo esto es el resultado de un ejercicio coordinado con el sector defensa y otras entidades del Estado, comprometidos con la seguridad y la convivencia de los colombianos”, concluyó el superintendente.

Tras conocerse la medida, el presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que “se han suspendido 31 empresas de seguridad, muchas porque eran fachadas de bandas criminales. No puede haber un Estado que arme a los criminales”, haciendo referencia a antecedentes históricos relacionados con el uso indebido de licencias en el país.