Tribunal vincula al Concejo de Valledupar y al departamento en acción popular por ubicación de la Cárcel Judicial

Valledupar, junio 12 de 2026 - El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la vinculación del Concejo Municipal de Valledupar y del departamento del Cesar a la acción popular que busca proteger los derechos e intereses colectivos presuntamente afectados por la ubicación de la Cárcel Judicial de Valledupar dentro del perímetro urbano de la ciudad.

La decisión fue adoptada por la magistrada Doris Pinzón Amado dentro del proceso promovido por Daniel Alberto Daza Arias contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Municipio de Valledupar, el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Ministerio de Hacienda.

Según el auto judicial, la solicitud de vinculación fue presentada por Jairo Ariño Miranda, quien actúa como coadyuvante de la parte demandante. El ciudadano argumentó que el Concejo Municipal debe participar en el proceso debido a sus competencias en materia urbanística y de control político, especialmente por las dudas existentes sobre la destinación del predio donde actualmente funciona el establecimiento carcelario.

En el expediente se expone que el terreno donde fue construida la Cárcel Judicial habría sido adquirido originalmente para programas de vivienda popular, conforme a lo establecido en el Acuerdo 05 de 1970, sin que exista evidencia de que dicha destinación hubiera sido modificada posteriormente. También se menciona que no habría constancia de una autorización previa del Concejo para la transferencia gratuita del inmueble al INPEC, pese a que existe una escritura pública que documenta dicha entrega.

Para el Tribunal, estos elementos justifican la participación del Concejo Municipal en el proceso, no solo para esclarecer las circunstancias que rodearon la cesión del predio, sino también para determinar si se ejerció adecuadamente el control político frente a las actuaciones adelantadas por la administración municipal.

De igual manera, la corporación judicial decidió vincular al departamento del Cesar, al considerar que puede desempeñar un papel importante en la búsqueda de soluciones frente a la problemática planteada. En la providencia se destaca que durante una audiencia se mencionó la posibilidad de que la Gobernación done un lote para la eventual construcción de un nuevo centro de reclusión que permita el traslado de la Cárcel Judicial fuera del área urbana de Valledupar.

El Tribunal señaló que resulta necesario conocer la posición oficial del departamento sobre esta alternativa y establecer si existen planes, programas o políticas que contemplen su participación en una eventual reubicación del establecimiento penitenciario.

Por otra parte, la magistrada negó la solicitud de vinculación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como de los consejos municipal y departamental de gestión del riesgo, al considerar que las presuntas vulneraciones de derechos colectivos relacionadas con la infraestructura, ubicación y funcionamiento de la cárcel corresponden principalmente a las entidades que ya hacen parte del proceso.

Con esta decisión, el Concejo de Valledupar y la Gobernación del Cesar deberán ser notificados formalmente y contarán con un plazo de diez días para responder la demanda y solicitar pruebas dentro de la actuación judicial. Mientras tanto, el Tribunal continuará el trámite de una acción popular que podría tener implicaciones importantes sobre el futuro de la Cárcel Judicial y su permanencia en el actual sector urbano de la capital del Cesar.