Un año después del asesinato de Miguel Uribe: el magnicidio que cambió el rumbo de la campaña presidencial

A un año del asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las investigaciones continúan avanzando y ya dejan un saldo de 17 personas vinculadas al proceso judicial, varias capturas y nuevas acciones de la Fiscalía para identificar a todos los responsables del crimen que sacudió la política colombiana en plena carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026.

El caso, considerado por las autoridades como uno de los hechos más graves de violencia política en las últimas décadas, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de organismos judiciales y de seguridad. La más reciente actuación se produjo el pasado 5 de junio, cuando la Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez que varios presuntos integrantes de la estructura armada Segunda Marquetalia fueran declarados como personas ausentes para avanzar en el proceso de imputación.

Entre los señalados figuran alias "Iván Márquez", "John 40", "Rusbel", "Enrique Marulanda", "Gonzalo", "Yako" y "Zarco Aldinever", quienes, según las investigaciones, tendrían relación con la planeación del atentado.

El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un evento político realizado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Allí, Miguel Uribe fue impactado por varios disparos mientras compartía con simpatizantes de su campaña presidencial.

Tras el atentado, el dirigente político fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado durante más de dos meses. Finalmente falleció el 11 de agosto de 2025, una noticia que provocó conmoción nacional y generó múltiples manifestaciones de solidaridad en diferentes regiones del país.

Según la Fiscalía, el homicidio no tuvo como único propósito acabar con la vida del dirigente político.

"El crimen reúne las características de un magnicidio", sostiene el ente investigador, al considerar que el ataque buscaba afectar el desarrollo de la actividad política y democrática en Colombia.

Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, la Policía Nacional y organismos internacionales de cooperación apuntan a que detrás del asesinato estaría la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC. Para las autoridades, el atentado tuvo una motivación política y pretendía generar un fuerte impacto sobre el proceso electoral que se aproximaba.

La muerte de Miguel Uribe también transformó el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En ese momento, el senador figuraba como una de las principales cartas del Centro Democrático para disputar la Presidencia de la República.

Su ausencia obligó a la colectividad a reorganizar su estrategia electoral y redefinir liderazgos. Posteriormente, el partido respaldó la candidatura de Paloma Valencia, quien llegó hasta la primera vuelta presidencial, aunque la campaña estuvo marcada por el impacto que dejó la pérdida de una de las figuras más visibles de la oposición.

Más allá de las consecuencias electorales, el asesinato reabrió el debate sobre las garantías de seguridad para quienes participan en política y recordó uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país, marcado por los asesinatos de líderes y candidatos presidenciales.

Un año después, el proceso judicial sigue en marcha y las autoridades mantienen el objetivo de esclarecer completamente los hechos, identificar a los autores intelectuales y financieros del crimen y llevarlos ante la justicia.

Mientras tanto, el caso de Miguel Uribe permanece como una de las heridas más profundas para la democracia colombiana y un símbolo de los desafíos que aún enfrenta el país frente a la violencia política.