UNP retira esquemas de seguridad a Juliana Guerrero, Beto Coral y Gabriela Muñoz, los 3 esquemas costaban $40 millones mensualmente
Bogota, 01 de septiembre del 2026 - La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero, Beto Coral y Gabriela Muñoz, luego de realizar nuevas valoraciones sobre las condiciones de riesgo de cada uno. La determinación tiene además una repercusión económica, pues los tres dispositivos representaban para el Estado un gasto cercano a $40 millones mensuales, de acuerdo con la información conocida sobre estos casos.
La decisión fue adoptada tras revisar nuevamente los niveles de riesgo y vulnerabilidad de los beneficiarios. Según la información reportada, la entidad estableció que no había elementos suficientes para mantener las medidas bajo las condiciones evaluadas. Es importante precisar que el retiro de los esquemas no constituye una sanción, sino el resultado de un procedimiento relacionado con la valoración técnica de las condiciones de seguridad.
El impacto económico también ha generado atención. Si el costo conjunto de los tres esquemas, estimado en $40 millones al mes, se proyectara durante un año, la cifra alcanzaría aproximadamente $480 millones. Sin embargo, este cálculo corresponde a una proyección del gasto mensual y no equivale necesariamente a un ahorro fiscal oficial, pues la decisión puede ser controvertida y eventualmente modificada.
Uno de los casos corresponde a Gabriela Muñoz, quien habría recibido protección antes de finalizar el Gobierno de Gustavo Petro. La beneficiaria había manifestado haber recibido amenazas y presentó denuncias ante la Fiscalía, entidad que, según los reportes conocidos, recibió la información y solicitó una valoración de riesgo, aunque no habría requerido directamente la asignación de un esquema.
En cuanto a Juliana Guerrero, su esquema también fue sometido a una nueva revisión para establecer si las condiciones que inicialmente justificaron la protección continuaban vigentes. La UNP evaluó nuevamente su situación dentro del procedimiento establecido para determinar la pertinencia de mantener las medidas financiadas con recursos públicos.
El caso de Beto Coral presenta una circunstancia particular, debido a que el esquema de protección le fue asignado después de su deportación desde Estados Unidos. De acuerdo con los reportes sobre el caso, posteriormente la UNP revisó las condiciones bajo las cuales se habían otorgado las medidas y volvió a estudiar su nivel de riesgo.
Los tres afectados todavía tienen la posibilidad de controvertir la determinación. La información conocida señala que cuentan con un plazo de 10 días para solicitar la revisión del retiro, por lo que la decisión no necesariamente representa el cierre definitivo del proceso.
De esta manera, la discusión queda centrada en los criterios técnicos de valoración del riesgo y en si existen circunstancias que justifiquen nuevamente la asignación de protección estatal. Mientras se surten los mecanismos de revisión, la decisión de la UNP supone, por ahora, el retiro de dispositivos que conjuntamente representaban un gasto aproximado de $40 millones cada mes.
