Aplazan decisión judicial contra siete exguardianes de "La Tramacúa"
Valledupar, 20 de agosto de 2026. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar aplazó la audiencia en la que estaba previsto conocer el sentido del fallo dentro del proceso judicial contra siete exguardianes de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’.
La nueva fecha quedó establecida para el 5 de octubre de 2026, a las 3:00 de la tarde, cuando el despacho judicial determinará si los procesados son responsables de los delitos por los que fueron acusados por la Fiscalía.
Los involucrados son Wesly Palacio Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, Edgar Alejandro Martínez Arias, Andrey Alejandro Durán Sánchez, Jaime Alonso Herrera Flórez y Herney Fernando Novoa Martínez.
El caso se originó en noviembre de 2021, tras una operación adelantada por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, que permitió la captura de los entonces funcionarios en diferentes sectores de Valledupar; según la investigación de la Fiscalía, los siete exguardianes habrían utilizado sus funciones dentro del centro penitenciario para permitir el ingreso de elementos prohibidos que, posteriormente, serían empleados por integrantes de una estructura delincuencial.
Entre los elementos que presuntamente ingresaban al penal estarían celulares, tarjetas SIM, cargadores, estupefacientes, armas cortopunzantes y bebidas alcohólicas. Con estos recursos, la organización habría establecido comunicaciones desde el interior de ‘La Tramacúa’ con personas en Cesar y La Guajira.
De acuerdo con el expediente, las víctimas habrían recibido llamadas, mensajes de texto y comunicaciones por WhatsApp en las que eran amenazadas y se les exigía el pago de dinero. Los responsables, presuntamente, se identificaban como miembros de organizaciones armadas o estructuras delincuenciales; la Fiscalía también sostiene que en algunos casos se habrían utilizado panfletos para reforzar las intimidaciones y exigir determinadas sumas de dinero, bajo amenazas de atentar contra las víctimas o sus familiares.
Los siete procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por ahora, ninguno ha sido declarado responsable de manera definitiva y será el juzgado el que determine su situación jurídica en la audiencia programada para octubre.
