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Biopolímeros: una falsa promesa que puede convertirse en una condena

Por Redacción TuPerfil.net··4 min de lectura·1

El dolor, la desesperación y la escasez económica me hicieron enlistar para combatir en la guerra de Ucrania contra Rusia para poder trabajar y reunir recursos económicos y así retirar los biopolímeros.

Desde el marco normativo colombiano dado en la Ley 2316 de 2023 (artículo 2), los biopolímeros se definen como “sustancias que contienen una gran variedad de macromoléculas producidas por agentes biológicos o por sintetización química”; del mismo modo, en dicha legislación se prohíbe meter al cuerpo cualquier sustancia no permitida en el listado oficial del Ministerio de Salud. Por esta razón, quien inyecta comete una agresión a la dignidad humana y tiene consecuencias penales.

Esto implica que el daño en sí no termina en la aplicación. Ya desde el artículo 5 de la Ley 2316 de 2023 y el Protocolo de Atención Integral del Ministerio de Salud, estas sustancias permanecen en el cuerpo humano de forma indefinida, provocando en los tejidos complicaciones severas e inflamatorias que exigen diagnóstico especializado, cirugías de extracción, tratamiento médico y rehabilitación física.

Soy Diva Quintero Guerra, exmilitar del Ejército Nacional de Colombia. A los 25 años caí en la trampa de una supuesta vitamina E. Catorce años después, con seis cirugías realizadas, mi carrera militar destruida, dolor crónico incapacitante y tratamiento psiquiátrico, demuestro que mi tragedia no fue imprudencia, sino un engaño más complejo y con más responsables detrás.

Mi caso es solo uno de muchos. Es contradictorio cómo la sociedad juzga a las víctimas como las únicas culpables por su falta de desconfianza al elegir el centro médico, añadiendo también el estigma de la vanidad, cuando la realidad, de acuerdo con el Hospital Internacional de Colombia, es que estamos ante un engaño estructural y sistemático con múltiples responsables. Cuando una joven de 20 años toma una decisión con el deseo de mejorar su aspecto físico, no quiere poner en riesgo su vida, y tiene derecho a un procedimiento seguro. Señalar la vanidad es una forma de ocultar al responsable.

A partir de ahí, la estrategia de captación de estos supuestos especialistas radica en el engaño premeditado. Tal como lo advierte el Hospital Internacional de Colombia (HIC), atraen a sus víctimas promocionando falsamente la aplicación de ácido hialurónico, colágeno o vitaminas, para luego inyectar en sus cuerpos componentes industriales devastadores e incompatibles con el organismo: desde silicona líquida y pega de vidrio, hasta parafinas y aceites de motor o comestibles, según lo describe el Ministerio de Salud y Protección Social (IETS, 2024).

Todos tienen derecho a acceder a procedimientos seguros en centros vigilados por el Estado. Por eso, la responsabilidad no nace en la falta de desconfianza del paciente, sino en el engranaje criminal de falsos profesionales movidos por la avaricia del dinero, quienes buscan infinitas formas de seguir captando víctimas, reabriendo locales clandestinos o migrando a otras sustancias sintéticas anteriormente no tenidas en cuenta. A esto se suma la omisión de instituciones como la Secretaría de Salud, el Invima y la Cámara de Comercio en el control estricto de establecimientos. Cuando la vigilancia falla, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-239 de 2024, no se puede culpar al ciudadano por confiar en un servicio que el propio Estado permite funcionar.

Convivir con un veneno en los tejidos genera un dolor crónico, constante e incapacitante que no solo daña tu salud, sino que empeora cada día mi calidad de vida sin esperanzas de alivio; además, dificulta trazar proyectos y metas, y avanzar en mis estudios a largo plazo. Por eso considero que los entes garantes que vigilan, como el Ministerio de Salud, el Invima y la Cámara de Comercio, deben ejercer un control estricto para prevenir la llegada de más casos y la comercialización de estos productos, y así evitar una emergencia de salud pública.

Colombia ha logrado avances decisivos con la Ley 2316 de 2023 al penalizar el uso de estas sustancias tóxicas y mortíferas. Sin embargo, el engaño seguirá siendo estructural si las EPS continúan negando la atención integral. El Estado debe asumir su responsabilidad, garantizar la cobertura obligatoria de las intervenciones de retiro y brindar acompañamiento psiquiátrico en el sistema público, para que ninguna colombiana tenga que volver a elegir entre ir a morir a una guerra lejana o seguir destruyéndose en vida.

Por: Diva Quintero Guerra

Exmilitar del Ejército Nacional de Colombia

Estudiante de periodismo

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