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Colombia marcha hoy contra medidas del Gobierno que buscan corregir el desajuste fiscal heredado de la administración anterior

Por Redacción TuPerfil.net··Actualizado hace alrededor de 2 horas·3 min de lectura·12
Colombia marcha hoy contra medidas del Gobierno que buscan corregir el desajuste fiscal heredado de la administración anterior

Centrales obreras, sectores de oposición y organizaciones sociales convocaron movilizaciones en distintas ciudades del país contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, la decisión de mantener la protesta después de que el Ejecutivo anunciara ajustes a algunos de los puntos cuestionados abre interrogantes sobre los verdaderos alcances de la convocatoria y su trasfondo político.

Colombia vive este jueves 19 de noviembre una nueva jornada de movilizaciones convocada por centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales y sectores de oposición, que expresan su rechazo a la Ley de Rescate Económico impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La principal crítica de los convocantes está relacionada con los cambios tributarios que contempla la iniciativa, especialmente los posibles efectos sobre el bolsillo de los hogares, el empleo público y algunos servicios sociales. No obstante, la discusión también tiene un componente político que merece atención: el Gobierno sostiene que las medidas buscan enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y corregir desequilibrios fiscales que recibió de la administración anterior.

¿Protesta social o confrontación política?

Uno de los aspectos que genera cuestionamientos es que la convocatoria se mantuvo incluso después de que el presidente De La Espriella anunciara modificaciones a varios de los puntos más polémicos de la propuesta, entre ellos la aplicación del IVA a productos de la canasta familiar.

Aunque los organizadores tienen pleno derecho a expresar su inconformidad y a convocar manifestaciones pacíficas, también resulta válido preguntar si las decisiones anunciadas por el Ejecutivo están siendo evaluadas con el mismo rigor con el que se cuestionaron las propuestas iniciales.

La protesta social es un derecho constitucional y no debería ser descalificada por razones ideológicas. Sin embargo, tampoco puede convertirse en un instrumento para desconocer las dificultades económicas que enfrenta el país ni para presentar cualquier medida de ajuste como una decisión aislada, sin considerar las condiciones fiscales que intenta atender.

El costo de las decisiones del pasado

El Gobierno ha argumentado que recibió una situación fiscal compleja, con mayores presiones sobre el presupuesto y el endeudamiento público. Según cifras citadas en el debate económico, las proyecciones oficiales del déficit fiscal para 2027 pasaron del 4,5 % del PIB estimado por la administración anterior al 7,2 % bajo los cálculos del nuevo Ejecutivo.

Ese panorama obliga a discutir medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La discusión de fondo es cómo hacerlo sin trasladar cargas desproporcionadas a los ciudadanos, afectar el empleo o debilitar la inversión social.

Por eso, resulta necesario que quienes lideran las movilizaciones expliquen no solamente qué rechazan, sino también qué alternativas concretas proponen para atender el déficit, financiar las obligaciones del Estado y evitar que las dificultades fiscales terminen afectando a los sectores más vulnerables.

Los ciudadanos merecen algo más que consignas

La jornada de este jueves reúne reclamos legítimos de trabajadores, docentes y organizaciones sociales. Pero también se desarrolla en medio de una disputa política entre el Gobierno actual y sectores que ejercen oposición.

El país necesita debate, vigilancia ciudadana y movilización pacífica cuando las decisiones públicas afectan derechos. Lo que no debería perderse de vista es que las dificultades económicas no desaparecen por salir a las calles ni se resuelven únicamente rechazando las medidas del Gobierno de turno.

Quienes convocan también tienen una responsabilidad: presentar propuestas, reconocer los problemas heredados y evitar que las inconformidades sociales terminen reducidas a una confrontación política.

Colombia tiene derecho a protestar, pero también necesita que sus dirigentes y organizaciones asuman la responsabilidad de explicar cómo resolverían los problemas que hoy cuestionan.

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