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Corte Suprema abre investigación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por abuso de función publica tras operativo en cárcel La Picota

Por Redacción TuPerfil.net··Actualizado 4 de octubre, 2026·5 min de lectura·19
Corte Suprema abre investigación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por abuso de función publica tras operativo en cárcel La Picota

Bogota, 25 de agosto del 2026 - La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública y la citó a indagatoria para establecer si, durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, actuó por fuera de las funciones que le habían sido asignadas como delegada del Gobierno en los espacios de diálogo con estructuras criminales. La investigación está relacionada con un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025, en el que fue encontrada un arma de fuego a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’. La Corte busca determinar si la participación de la congresista en el procedimiento se ajustó a las competencias que tenía en el marco de los diálogos de paz urbana impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, Zuleta ingresó a La Picota acompañando a funcionarios de la Fiscalía durante el procedimiento de registro adelantado en el pabellón de extraditables. La diligencia tenía como objetivo encontrar un arma que, según la información entregada por ‘Pipe Tuluá’, estaría relacionada con un supuesto plan para atentar contra Giobanny Rojas, alias ‘Araña’, señalado como uno de los cabecillas de los Comandos de la Frontera. Finalmente, los investigadores encontraron una pistola Glock de nueve milímetros y diez proyectiles, ocultos entre unas cajas con adornos navideños.

El punto central que deberá resolver la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no es solamente el hallazgo del arma, sino determinar si la senadora tenía facultades para participar en un procedimiento judicial de esas características. El alto tribunal analiza si su condición de coordinadora de los espacios de conversación sociojurídica con organizaciones criminales le permitía intervenir o acompañar una diligencia que estaba bajo la conducción de las autoridades judiciales.

“La Sala indaga si su participación en estos hechos se ajustó al ámbito de actuación previsto en las resoluciones que determinaron sus funciones”, señaló la Corte Suprema al explicar el alcance de la investigación.

Según un documento conocido posteriormente, la Corte considera que las funciones otorgadas a Zuleta como coordinadora de los diálogos de paz no necesariamente le permitían intervenir en actuaciones propias de una investigación penal. Entre los aspectos que serán examinados está si podía conocer previamente información relacionada con la orden de allanamiento, acompañar un procedimiento reservado o participar en actividades vinculadas con la incautación del arma.

La discusión jurídica se origina en los acontecimientos que precedieron al operativo. Según la reconstrucción del caso, ‘Pipe Tuluá’ habría entregado información a las autoridades sobre un supuesto atentado contra alias ‘Araña’, en medio de las conversaciones que se adelantaban alrededor de la denominada política de Paz Total.

La información fue posteriormente recibida por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes abrieron una noticia criminal y utilizaron los datos entregados para establecer el posible lugar donde se encontraba escondida el arma.

Con esas pistas, la Fiscalía ordenó realizar el allanamiento en La Picota el 10 de julio de 2025. La senadora Zuleta estuvo presente en el procedimiento en calidad de observadora, enviada por la oficina del entonces Alto Comisionado para la Paz, según la reconstrucción publicada sobre el caso.

Sin embargo, para la Corte Suprema, la discusión está precisamente en establecer hasta dónde podía llegar esa participación. El tribunal ha señalado que una función relacionada con los diálogos de paz no implica automáticamente facultades para intervenir en procedimientos de policía judicial.

“La labor de la senadora Isabel Cristina Zuleta López, en una perspectiva admisible en el plano jurídico, debió limitarse a transmitir la información sobre la intención de entrega del arma a la autoridad competente”, habría señalado la Sala al analizar el alcance de sus funciones.

La Corte también precisó que la investigación deberá establecer las circunstancias en las que Zuleta tuvo conocimiento del operativo y las razones por las cuales terminó participando en una diligencia que tenía carácter reservado. El hecho de que la Fiscalía dirigiera el procedimiento tampoco resolvería por sí solo el cuestionamiento, pues el tribunal analiza si la presencia de la congresista estaba jurídicamente justificada.

El caso tiene además un componente relacionado con el supuesto atentado contra alias ‘Araña’, quien era identificado como integrante de los Comandos de la Frontera. Según la información entregada durante la investigación, el arma encontrada en La Picota habría sido destinada a ese ataque.

Por ahora, la apertura de la investigación y el llamado a indagatoria no significan que Isabel Zuleta haya sido declarada responsable de un delito. La actuación se encuentra en etapa de instrucción y será la Corte Suprema la encargada de determinar, a partir de las pruebas y explicaciones que se incorporen al expediente, si existió o no una conducta penalmente relevante.

La decisión vuelve a poner a la senadora del Pacto Histórico en el centro de una controversia judicial relacionada con su participación en los procesos de diálogo con organizaciones criminales durante el anterior Gobierno.

En esta oportunidad, la pregunta que deberá responder ante la justicia es concreta: ¿hasta dónde llegaban las funciones de Isabel Zuleta como delegada para los diálogos de paz y si esas facultades le permitían participar en un operativo judicial dentro de La Picota?

La respuesta dependerá del desarrollo de la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que ahora deberá escuchar a la congresista en indagatoria y establecer si su actuación se mantuvo dentro de los límites legales o si, por el contrario, pudo configurarse el presunto abuso de función pública que actualmente es materia de investigación.

Sirena
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