Declaración patrimonial de $10.000 millones de De la Espriella genera dudas: expertos cuestionan cifras y datos reportados a Función Pública

Bogota, 25 de agosto del 2026 - La declaración de bienes y rentas presentada por el presidente Abelardo de la Espriella ante Función Pública quedó en el centro de la controversia luego de que expertos consultados señalaran aparentes inconsistencias entre la información registrada en ese documento y la declaración correspondiente al año gravable 2024 presentada ante la DIAN. El documento reporta un patrimonio superior a los $10.000 millones, pero no relaciona inmuebles, inversiones, participaciones empresariales ni cónyuge, aspectos que han generado interrogantes sobre la forma en que fueron diligenciados algunos de sus apartados.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la cifra de $10.272.863.000 que aparece en la casilla denominada “otros ingresos y rentas”. De acuerdo con el análisis de las fuentes consultadas, ese valor coincidiría con una cifra registrada en la declaración de renta presentada ante la DIAN, pero bajo un concepto diferente.

“Cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos, de resto lo rellenaron en ceros”, sostuvo una de las fuentes expertas consultadas, al referirse a la manera en que habría sido diligenciado el documento ante Función Pública.

La diferencia adquiere relevancia porque, según la información analizada, en la declaración tributaria correspondiente al año gravable 2024 la cifra estaría relacionada con inversiones e instrumentos financieros derivados, mientras que en el formulario presentado ante Función Pública fue ubicada como “otros ingresos y rentas”.

La fuente explicó que no necesariamente se estaría cuestionando la validez de la declaración presentada ante la DIAN, sino la forma como se trasladaron los datos al documento de bienes y rentas. “Se ve muy claro que están confundiendo ingresos con patrimonio. Eso no tiene sentido”, señaló.

Otro dato que llamó la atención es que mientras en el documento aparece un patrimonio superior a los $10.272 millones, los ingresos reportados en algunas categorías aparecen en cero o en valores considerablemente inferiores. Los espacios correspondientes a salarios, cesantías, gastos de representación, arrendamientos y honorarios no registran valores significativos.

¿Cómo estaría estructurado el patrimonio?

De acuerdo con la información divulgada, en la declaración presentada ante la DIAN también aparece un patrimonio bruto de $10.595.968.000, además de otros valores relacionados con efectivo y activos. Sin embargo, en el documento entregado a Función Pública no aparecen detalladas inversiones o participaciones empresariales que permitan identificar de manera directa dónde estaría representada buena parte de ese patrimonio.

En la declaración también aparece un valor de aproximadamente $297 millones relacionado con propiedades, pero no se especifica claramente qué bienes conforman esa cifra. A esto se suma que el apartado correspondiente a otros activos aparece sin valores.

Las dudas también se extienden a las inversiones en Colombia y en el exterior, pues en el formulario se habría indicado que no existen inversiones de ese tipo.

Las empresas tampoco aparecen relacionadas

Otro de los puntos que ha generado interrogantes es el apartado relacionado con la participación en sociedades comerciales. De acuerdo con el documento divulgado, De la Espriella manifestó que no sería socio de ninguna compañía.

Sin embargo, su nombre ha estado relacionado públicamente con diferentes actividades empresariales y sociedades, entre ellas De la Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza y De la Espriella Style, además de un restaurante identificado como Místico, en Miami.

Según una de las fuentes expertas citadas, una posible explicación para este tipo de estructura patrimonial podría estar relacionada con la utilización de sociedades comerciales para recibir ingresos y asumir determinados gastos personales.

“Mi empresa recibe la plata, paga los servicios, los seguros del carro, todo lo mío. Lo que dejo para mí es poquito”, explicó la fuente, planteando que una estructura de este tipo podría hacer que buena parte de los recursos se encuentren vinculados a sociedades y no aparezcan directamente como ingresos personales.

La misma fuente agregó que esta situación puede presentarse en personas cuyos ingresos provienen de actividades empresariales o sociedades, aunque insistió en que la información debe quedar correctamente reflejada en las declaraciones correspondientes.

Otro interrogante: el estado civil

El documento también ha generado comentarios por la información registrada sobre el estado civil del mandatario. Según la declaración, De la Espriella aparece sin cónyuge reportada, pese a que públicamente ha señalado estar casado desde hace más de dos décadas con Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos.

Este dato se suma a los demás elementos que han llamado la atención de quienes revisaron el formulario y que consideran necesario aclarar si se trató de un error de diligenciamiento, una diferencia en los criterios utilizados para reportar la información o una situación que requiera una corrección formal.

¿Dónde están los recursos?

Una de las preguntas que surge del análisis de los documentos está relacionada con el destino de los recursos que conforman el patrimonio declarado.

En la información tributaria aparece un monto de $25.990.000 en efectivo y equivalentes al efectivo, mientras que las cuentas bancarias relacionadas en determinados apartados aparecen con saldos en cero.

De esta manera, los expertos consultados cuestionan cómo se encuentra representado el patrimonio superior a los $10.000 millones, especialmente cuando el formulario presentado ante Función Pública no muestra de manera detallada inversiones, fideicomisos, cuentas con saldos significativos u otros activos que permitan identificar el origen o ubicación de esos recursos.

Por ello, una de las fuentes calificó la declaración de bienes y rentas como “mal hecha”, aunque este señalamiento corresponde al análisis de los expertos citados y no constituye, por sí mismo, una determinación oficial de irregularidad.

Además, otro aspecto que ha generado atención es que la declaración presentada por el presidente aparece registrada como “finalizada”, pese a que las declaraciones de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) pueden estar sujetas a procesos de revisión.

La controversia, por ahora, se concentra en la forma y consistencia de la información reportada, mientras se espera conocer si las autoridades o el propio Gobierno entregarán explicaciones sobre las diferencias encontradas entre los documentos tributarios y la declaración de bienes y rentas.

El patrimonio del gabinete también quedó bajo la lupa

La discusión sobre las declaraciones patrimoniales no se limita al presidente. Los integrantes del gabinete de Abelardo de la Espriella también hicieron públicas sus declaraciones.

Según la información divulgada, los ministros Iván Cancino, de Justicia, y Miguel Gómez, de Hacienda, aparecen entre quienes registran los mayores patrimonios líquidos, con aproximadamente $5.160 millones y $4.145 millones, respectivamente.

En total, los 18 ministros del gabinete acumularían un patrimonio líquido cercano a los $28.577 millones, lo que representa un promedio aproximado de $1.587 millones por ministro.

En el extremo inferior aparecen Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, con cerca de $316,2 millones; Natalia López, ministra de Trabajo, con $307,5 millones; Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, con $173,8 millones, y Rodrigo Lara, ministro del Interior, con aproximadamente $155,8 millones.

En cuanto a las obligaciones financieras, la mayor deuda reportada correspondería a Ana María Vesga, ministra de Salud, con cerca de $1.793 millones. Le seguirían Rodrigo Lara, con $1.146 millones; Indalecio Dangond, con $795,4 millones, y Natalia López, con $732,6 millones.

Así, mientras las declaraciones patrimoniales del nuevo gabinete comienzan a ser revisadas públicamente, el documento presentado por el presidente Abelardo de la Espriella concentra especial atención por las diferencias señaladas entre los valores y conceptos registrados ante Función Pública y la DIAN, una situación que podría requerir aclaraciones para determinar si se trató de errores de diligenciamiento o si existen otros elementos que expliquen las inconsistencias señaladas.